Para la Justicia Penal resulta "insólito" que el Ejecutivo haya endilgado a los jueces la responsabilidad por el crimen de Rubén "Tubi" Segovia en la cárcel de Coronda. "Lo tomamos con sorpresa, porque prácticamente se carga al Poder Judicial con la culpa de este asesinato dentro de un penal. Aunque parezca básico, lo que se desconoce es qué responsabilidad tiene cada uno", dijo al jueza Georgina Depetris, quien salió a responderles al Servicio Penitenciario, a los ministros de Seguridad, Maximiliano Pullaro; y de Justicia, Ricardo Silberstein, como presidenta del Colegio de Jueces Penales. La magistrada consideró que se intenta "desviar la atención". Y agregó: "Es inadmisible pensar en un homicidio dentro de una cárcel de máxima seguridad, independientemente de lo que haya decidido un juez, porque ingresó un arma blanca, sin que nadie lo advierta". También planteó que "el ministerio de Seguridad tiene como constante no hacer autocrítica y trasladar culpas".

A Tubi lo mataron en la tarde del martes. Su cuerpo fue encontrado en un charco de sangre, en el pabellón 8 C, donde él mismo pidió estar detenido -en prisión preventiva por homicidios enmarcados en la disputa entre los Caminos y los Funes-. Tenía un cable alrededor del cuello y las primeras versiones dieron cuenta de que recibió un puntazo de arma blanca.

Rápidamente, desde el Servicio Penitenciario salieron a decir que de haber estado en una celda de resguardo, el hecho no hubiera ocurrido; y recordaron que en marzo el juez Carlos Leiva firmó un hábeas corpus para el traslado, "siempre que estén dadas las cuestiones de seguridad".

Pullaro cargó contra el Poder Judicial por conceder a los detenidos el pedido de ser alojados donde pretenden, aún en contra del criterio del Servicio Penitenciario. "Si la justicia le hiciera caso a los planteos del SP, no sólo van a cuidar la vida del detenido y su integridad, sino prevenir delitos que puedan cometer desde los pabellones", dijo.

El ministro de Justicia responsabilizó "a algunos magistrados" por la situación que derivó en el crimen del preso calificado como "de alta perfil" y apuntó a que la Procuración de la Corte "deberá evaluar" el accionar judicial. "La Corte Suprema resolvió que quien debe decidir adónde va un detenido es el Servicio Penitenciario", lanzó.

Depetris contestó: "Hablar de que hubo un recurso de hábeas corpus es irrelevante". "Esto debe ser explicado porque hay cuestiones que hacen daño: los jueces nada tenemos que ver con temas de seguridad, ni cómo se debe hacer una requisa en el ingreso a un penal. Evitar un homicidio o lesiones en una cárcel es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Seguridad", aseguró.

Al responderle a Silberstein, la magistrada insistió con que "se desvía la atención". También explicó que el fallo de la Corte al que se refiere el ministro no tiene que ver con las causas en investigación, sino con condenados en la etapa de Ejecución Penal. De todos modos, invitó a que se usen los mecanismos de denuncias, si hay dudas. E insistió: "¿Cómo puede ser que haya ingreso de armas a un penal? Esto no tiene nada que ver con lo judicial. Esto no puede ocurrir en una cárcel. No conozco los casos en los que no resuelvo, pero nosotros no solemos ordenar lugares de detención, sino que velamos y controlamos derechos y garantías. Es inadmisible justificar que la persona esté en un buzón, pozo o celda de castigo. La seguridad en riesgo es la de todos los detenidos, de alto o de bajo perfil. Esto es como echarle la culpa de un crimen a la madre del homicida".

Y sumó: "Si bien estamos abiertos al diálogo, no somos un poder que tenga que acompañar políticas de gobierno, nosotros vamos a controlar si esas políticas responden a los parámetros de la ley o no. No somos parte. También existe la posibilidad de la revisión de las decisiones de los jueces; para eso estamos".

Lamentó que Seguridad tenga como "constante no hacer autocríticas y trasladar la culpa. Creo que eso fue muy peligroso, porque es confundir. Tendríamos que hablar mucho para explicarle a la gente para qué estamos, pero evidentemente es una elección trasladar cualquier cuestión al Poder Judicial".

La jueza recordó que cuando se hicieron las marchas de Rosario sangra,  "había un marco de cuestionamientos de la comunidad, en el que los magistrados debemos hacernos cargo de lo que nos compete, pero no podemos resolver lo que pasa en los barrios, con la prevención. ¿Cómo se le va a decir algo a esa gente, si no se puede velar por seguridad dentro de una cárcel?".