Al mediodía, mientras el presidente Mauricio Macri anunciaba la toma de deuda con el FMI y bajo una lluvia que pringaba la calle, desocupados y cooperativistas de los movimientos sociales armaron ollas populares en los accesos a la Capital y el Obelisco. La corrida del dólar y los anuncios oficiales dejaron a la jornada de protesta sin la repercusión que logran habitualmente los cortes de calles. Por la tarde, hubo una concentración frente al Congreso, donde fue presentado un proyecto de ley de integración urbana para las villas y los asentamientos.

“Hay preocupación por los ajustes anunciados, que la toma de deuda con el FMI sólo promete agravar. Vemos que lo que se viene es una situación más compleja. La suba del dólar y de las tasas de interés tiene un impacto directo sobre los precios de los alimentos y ante este escenario no hay desde el Gobierno ningún plan que amortigüe el golpe sobre los sectores más pobres”, dijo a PáginaI12 Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

La jornada de lucha fue convocada por esa agrupación, la CTEP y la Corriente Clasista y Combativa. Estas organizaciones impulsan que el Congreso trate tres proyectos de ley destinados a generar trabajo y dar contención alimentaria. Ayer comenzaron a juntar firmas en su respaldo. 

La primera iniciativa apunta a que se declare la emergencia alimentaria. El proyecto ya fue presentado el año pasado, pero no tuvo tratamiento, por lo que ahora intentarán conseguir respaldos para obtener un nuevo envión. Las declaraciones de emergencia buscan básicamente liberar partidas presupuestarias para paliar situaciones de crisis. En este caso, lo pedido es un refuerzo del 50 por ciento en los fondos para los comedores populares y merenderos, la creación de un mecanismo que garantice a los hogares con niños en situación vulnerable el acceso a una canasta básica y el armado de un sistema de monitoreo permanente del estado nutricional de niños en barrios en situación de riesgo. Los dirigentes plantean que es necesario llegar a los hogares que no pueden cubrir la canasta básica de alimentos, para complementar en un 50 por ciento sus requerimientos nutricionales.

En segundo lugar, hay un proyecto destinado a generar trabajo genuino para las cooperativas de la economía social, en base a destinarles un porcentaje de las contrataciones de obra pública. Los movimientos piden que un cuarto del presupuesto del área tenga este uso. En la Provincia de Buenos Aires ya llevaron, durante el verano, la misma propuesta a la Legislatura bonaerense, donde realizaron rondas de diálogo con todos los bloques parlamentarios, incluido el de Cambiemos, para avanzar en su tratamiento, cosa que todavía no se produjo. Al mismo tiempo, en los consejos deliberantes de los municipios donde las organizaciones tienen presencia territorial fueron presentados proyectos similares. Si bien la apuesta de máxima –llegar a un 25 por ciento del presupuesto de obras públicas– suena inalcanzable, las organizaciones tienen la voluntad de instalar el tema presentándolo en todos los niveles del Estado. Y, de hecho, los movimientos sociales tienen amplios antecedentes exitosos en la construcción de viviendas y el mejoramiento de infraestructura urbana.

En cuanto al proyecto sobre barrios populares, se trata de una medida de regularización de las viviendas en los asentamientos y villas. Del paquete de propuestas, es el que tiene más posibilidades de avanzar, ya que la CTEP, Barrios de Pie y la CCC vienen trabajando en el tema en acuerdo con el Gobierno. En 2016, las organizaciones realizaron con el Ministerio de Desarrollo Social, bajo la supervisión del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, un relevamiento en el que registraron 4200 asentamientos y villas; en base a este censo, el año pasado el Estado otorgó certificados de vivienda. El proyecto de ley actual busca ir hacia la expropiación de los terrenos y la urbanización de los barrios. Delegaciones barriales de diez provincias llegaron a Buenos Aires para exponer en la Comisión de Vivienda.  

Otro objetivo de las ollas populares instaladas ayer fue ir preparando el clima para una marcha federal por tierra, techo y trabajo que arrancará el 28 de mayo desde las provincias para llegar el 1º de junio al Congreso. La movida apunta a darles continuidad a las actividades, para mantener visible la agenda de reclamos.