El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) cuestionó con dureza la maniobra del gobierno. “Pretender evitar que se otorguen medidas cautelares habla de quienes buscan de cualquier manera sostener actos de gobierno injustos, fundamentalmente ilegales y sólo pueden lograrlo con la complicidad de un sector del poder judicial adicto”, aseguró el titular de la entidad Mariano Lovelli. “Es un ataque liso y llano a la sociedad civil, que no busca otra cosa que cercenar el acceso a la justicia, buscan evitar que la sociedad discuta en los tribunales decisiones que afectan derechos básicos de las personas. Es un claro y grosero retroceso institucional. El gobierno con este escrito demuestra lo que pretende: que nadie se digne a cuestionarlo judicialmente, en este caso, evitar el control judicial sobre los aumentos en las tarifas del servicio público de gas natural que reciben las familias argentinas”, agregó Lovelli. Por último, el abogado sostuvo que “creemos que esta acción no va a prosperar dada su manifiesta improcedencia: aceptarla significaría un paso atrás en la vida del Estado democrático de derecho”.