En los primeros cuatro meses de 2018, las fuerzas federales desplegadas en Santa Fe capital ya detuvieron a más personas por tenencia simple de droga para consumo que durante todo el año 2017. Una gran cantidad de los operativos se desarrollaron en Alto Verde, un barrio signado por episodios violentos. La cifra revelada ayer por el fiscal federal Walter Rodríguez devela como mínimo una especie de control social sobre el barrio, que no tiene mayores consecuencias sobre los grandes distribuidores, pero consume enormes energías en el personal federal de los juzgados, en causas que no mueven el amperímetro del gran tráfico. Pero aún el propio Rodríguez recordaba ayer que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en 2009 la inconstitucionalidad del artículo que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal". Sin embargo, en la ciudad de Santa Fe se detiene por esta causa a tres personas cada dos días.

El desembarco en Santa Fe de las fuerzas federales se hizo visible para los santafesinos desde fines de 2017. En febrero de este año, el gobernador Miguel Lifschitz mantuvo una charla con los jefes de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal luego de la cual destacó que "el objetivo es seguir trabajando para que los santafesinos puedan vivir más tranquilos. Estas reuniones son para afinar las tareas operativas y evaluar los pasos a seguir". En esa ocasión, el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, sostuvo que "se trabaja con todas las fuerzas provinciales para fortalecer la tarea preventiva en los barrios más violentos y sin descuidar el resto de la ciudad".

Las cifras hablan por si solas: a marzo de este año habían sido movilizados a la provincia 3.764 efectivos federales. El desembarco de gendarmes y prefectos no pudo contener la violencia: Santa Fe y Rosario atraviesan un año con un número muy superior de homicidios dolosos respecto a 2017.

Rodríguez confirmó ayer que "en 2017, en 165 días de turno, hubo 105 detenidos por ese motivo. Entre el 1º de enero y el 16 de mayo de este año, en 75 días de turno, hubo 121 detenciones. Es decir, tres cada dos días".

Un dato llamativo que remarcaba el mismo fiscal es que "la mayoría de las detenciones se concretaron en el barrio de Alto Verde y estuvieron a cargo de personal de la Prefectura".

Se trata de un lugar de la ciudad en el que el intendente José Corral, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hicieron mucho hincapié, y aseguraron que mejoraría la seguridad. En rigor, los números no reflejan nada en ese sentido.

La regla es que quienes resultan detenidos por tenencia para consumo estén unas horas tras las rejas, y recuperen la libertad. Sin embargo, se les inicia una causa. Esto, además de implicar la persecución de quien consume sin afectar a terceros, genera un enorme desgaste de la estructura judicial, que debe poner a disposición personal, tiempo y recursos en causas que no conducen a nada. La queja la expresó el mismo fiscal.

Es que los operativos de saturación, resultan en una suerte de control social: la presencia de efectivos en las calles da una sensación de seguridad. Muchos de esos operativos son difundidos a través del área de comunicación de las fuerzas, y son reproducidos inmediatamente en los medios de comunicación como un éxito policial cuando se trata, en realidad, de la simple y llana persecución de consumidores.