Tres diputados hicieron una presentación contra Guido Otranto por su desempeño en el caso Maldonado
Un juez que suma pedidos de juicio político
Al pedido que anticipó que le realizará la familia Maldonado por el espionaje ilegal que sufrieron en la causa, ayer los diputados Bregman, Donda y Pietragalla denunciaron al juez Otranto por mal desempeño.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, suma denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.El juez federal de Esquel, Guido Otranto, suma denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.El juez federal de Esquel, Guido Otranto, suma denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.El juez federal de Esquel, Guido Otranto, suma denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.El juez federal de Esquel, Guido Otranto, suma denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, suma denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura. 
Imagen: Télam

Dos diputadas y un diputado de la oposición pidieron al Consejo de la Magistratura que inicie el juicio político contra el juez federal de Esquel Guido Otranto por mal desempeño en sus funciones en la causa que investigó la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. “Solicitamos a la comisión de Disciplina y Acusación que disponga la apertura del procedimiento de análisis de la actuación del mentado magistrado, ordenando su suspensión y, en su caso, formule la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento”, requirieron las legisladoras Myriam Bregman (PTS/FIT) y Victoria Donda (Libres del Sur), y el diputado Horacio Pietragalla (Unidad Ciudadana). “Tuvo una mala actuación en la investigación de la desaparición de Maldonado, sus errores fueron actitudes sesgadas porque sabía del hostigamiento a las comunidades, a partir de la represión de los meses previos, cuando desalojó las vías de La Trochita con abusos de Gendarmería, y aún así firmó el procedimiento del 1 de agosto por el corte de ruta contra la misma comunidad, lo que habilitó el ingreso ilegal de los uniformados al territorio”, dijo Pietragalla. Y anticipó que el lunes acompañarán el pedido de juicio político contra Otranto que los Maldonado presentarán por el espionaje sobre ellos ordenado por este cuestionado magistrado, que, además, aspira a ascender en su carrera judicial. En agosto, cuando el amigo de Santiago, Ariel Garzí, acudió ante él para aportar pruebas le preguntó: “Vos venís por la recompensa, ¿no?”.

En las próximas horas, también se sumará el pedido de destitución de la abogada Verónica Heredia que representa a la familia del tatuador anarquista, que desapareció el 1 de agosto en medio de la represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen y apareció muerto 78 días más tarde en ese lugar. “Los políticos presentan el juicio político para Otranto, yo el lunes voy a presentar el mío”, confirmó Sergio Maldonado, hermano del joven que apareció muerto en el río Chubut. 

Por otra parte, en base a los mismos hechos descriptos en el pedido de enjuiciamiento, el pliego de Otranto para ascender a juez de tribunal oral también será impugnado por estos tres diputados al momento de ser tratado por el Senado, tal como ya lo hizo la APDH, y otros organismos de derechos humanos como HIJOS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo.

“Otranto ha tenido un accionar gravísimo, su falta de investigación de todos los hechos denunciados por la comunidad mapuche en los meses previos a aquel 1 de agosto, configuran el cuadro de situación en que desaparece y muere Santiago”, dijo Bregman, firmante del pedido de enjuiciamiento que hoy ingresó a la presidencia del Consejo de la Magistratura. “Los jueces no hablan por sus sentencias, hablan mucho más por su inacción y por su complicidad. La de Otranto con los terratenientes y las fuerzas represivas, se incrementó después de desaparecido Santiago. Es una vergüenza que lo premien con un ascenso al Tribunal Oral de Roca y que haya un solo integrante del Consejo que se haya opuesto”, agregó la legisladora del Frente de Izquierda y abogada de derechos humanos.

Otranto también habría incurrido en mal desempeño en la causa por entorpecimiento de servicio público, iniciada por la denuncia del gerente de La Trochita en febrero de 2016, quien pretendía despejar las vías cortadas por un grupo de personas que reclamaban por sus tierras. “A los fines de resolver un evidente conflicto cuya génesis se encontraba en la violación sistemática por parte del Estado de los derechos del pueblo mapuche, dispuso llevar adelante una mesa de diálogo, pero sin motivo aparente, entre gallos y medianoche, terminó rompiendo de forma abrupta este espacio, ordenando un allanamiento a cargo de Gendarmería y la Policía de Chubut, autorizando a efectuar una verdadera cacería humana”, indicaron los legisladores en su escrito, al que PáginaI12 tuvo acceso, elaborado por el abogado Emiliano Montini. Y destacaron que en ese operativo participó el gendarme Emmanuel Echazú, imputado en la causa Maldonado.

Ese allanamiento “fue llevado adelante con una inusitada violencia desplegada por el personal de Gendarmería quienes contaban con la autorización de Otranto y actuaron en forma ilícita, en tanto persiguieron a Ariel Garzi, Ricardo Antigual y Nicolás Hernández Huala, de forma temeraria e irresponsable, les causaron diversas heridas, al igual que a otras personas, arrasando con sus pertenencias, destruyendo todo”, reza el texto. Esos hechos motivaron una denuncia penal contra el juez y los gendarmes, que recayó en su mismo juzgado y que él delegó en la fiscalía de Silvina Avila. Pero los diputados enfatizaron que “el magistrado cuyo actuar aquí se cuestiona, delegó la instrucción a la fiscal Avila, cuya secretaria letrada, Rafaella Riccono, resulta ser, nada más y nada menos que la esposa de Otranto, lo que hace que la relación existente entre el juzgado y la fiscalía esté sospechada, con fundamentos obvios, de parcialidad”. En efecto, esas actuaciones fueron archivadas y ninguna de las causas contra este juez radicadas en el sur prosperó. La denuncia que hizo Garzí, por encubrimiento, también duerme en un cajón de esa fiscalía. 

En el expediente principal por Maldonado, los diputados destacaron que “sorprendentemente Otranto permitió al secretario de Relaciones con los Poderes del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, presenciar las declaraciones testimoniales tomadas en el marco del habeas corpus, pese a la oposición de las partes. Ello configura un acto de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones”. Además, dedujeron que “por ello, no resulta casual que durante dicho período, la familia de Santiago Maldonado fuera objeto de acciones de inteligencia ilegal ejercida por personal de las fuerzas de seguridad”. En tal sentido recordaron que Cané está imputado en la causa por espionaje que instruye el juez federal Daniel Rafecas, y que la Justicia ya ordenó destruir escuchas ordenadas por él, al declararlas “nulas, ilegítimas e inconstitucionales”. El accionar de Otranto originó que fuera recusado por Sergio Maldonado y el CELS”, y fue apartado de la causa por parcialidad por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en septiembre. Otranto había afirmado a un diario que “Santiago se ahogó”, casi un mes antes de que apareciera el cuerpo sin vida.