El juez federal Gustavo Lleral declaró nulas grabaciones con pinchaduras telefónicas y ordenó destruirlas. Habían sido requeridas por su colega Guido Otranto, antecesor en la causa que investiga la muerte violenta de Santiago Maldonado. Otranto, a quien la Cámara desplazó de la tramitación por mala praxis, mandó grabar conversaciones de cuatro personas, entre ellas Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.

Desde el arranque de la pesquisa Otranto se dejó conducir por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich o sus lugartenientes. 

La intervención de los celulares constituye un atropello a derechos constitucionales básicos, cualquier alumno de primer año de derecho lo sabe. Su Señoría también, pero no le importó.

La decisión de Lleral fue correcta tanto como la de destruir la prueba contaminada. Sin embargo, la fiscal federal Silvina Avila apeló la medida, alegando que las pinchaduras buscaban corroborar un plan de interferir en la investigación. En realidad, los que obstaculizaron fueron Bullrich, la Gendarmería y Otranto.

La intención, dicho en criollo, fue entrometerse en la vida privada de cuatro ciudadanos sin soporte probatorio alguno para “ir a la pesca” como en el truco. A ver si damos con algo que incrimine a las víctimas. Aceptando que hay diferencias, existen sintomáticas simetrías con los métodos de la dictadura militar.

Proveo la prueba porque sospecho, las sospechas se fundarán cuando escuche las grabaciones… Humpty Dumpty básico, reformando los códigos procesales.

Durante el mandato del presidente Mauricio Macri se acentuó la pésima praxis de banalizar la gravedad de las pinchaduras telefónicas. El Poder Judicial lleva la iniciativa (aunque se ve detrás la mano de la Casa Rosada), el periodismo macrista las divulga como si tal cosa.

El ejemplo es tremebundo y para nada solitario.

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El viernes fue allanada la sede del sindicato de Camioneros, en busca de pruebas de cargo contra Hugo Moyano. La jueza de Instrucción Wilma López lo resolvió justo cuando el ex Secretario General de la CGT anunciaba movidas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Bullrich dispuso un centenar de efectivos policiales para entrar a la sede del sindicato, un despliegue sobreactuado. Sin pudor de dejar huellas dactilares, festejó la ofensiva bélica en su cuenta de Twitter:”La causa contra el Sindicato de Camioneros por extorsión y pedido de dádivas a empresas de transporte sigue avanzando. Hace instantes la Justicia, con la colaboración de @PFAOficial allanaron la sede central del Sindicato y secuestraron documentación para la investigación#ArgentinaSin Impunidad”.

La ministra escribe con ignorancia o la traiciona el subconsciente. La causa no es “contra el sindicato de Camioneros” sino contra personas físicas, Hugo Moyano podría estar entre ellas. Pero la movida política sí apunta al Sindicato, una de tantas maniobras del Ejecutivo para combatir a la acción directa, con una panoplia de recursos que incluyen la violencia. Para los opositores, ni justicia.

Que una ministra adelante juicio sobre el estado de una causa en trámite y sobre el valor de las pruebas recogidas debería motivar alguna reacción de la magistrada López, si estuviera, de veras, al timón de la causa. Habrá que ver.

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La subordinación de buena parte del Poder Judicial al Ejecutivo ha pasado a formar parte del paisaje, naturalizado por los medios dominantes. 

Las prisiones preventivas sin condena, las pinchaduras que se expenden como gaseosas, el tráfico del material con los medios, se reiteran cotidianamente. El único punto en que la mayoría de los jueces se muestra irreductible es en no pagar impuesto a las ganancias. La independencia es negociable, no así los garbanzos.