Desde Paraná

Nadie lo verá esposado, pero el sacerdote Justo José Ilarraz pasó su primera noche en la alcaidía de los tribunales y le espera una larga estadía bajo arresto: fue condenado a 25 años de prisión por siete cargos de abuso sexual y corrupción de menores ocurridos entre 1985 y 1993 en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde se desempeñaba como prefecto de disciplina y guía espiritual. El Tribunal de Juicio y Apelaciones, además, revocó su excarcelación y dispuso la inmediata detención aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme.

Mientras tanto deberá llevar una tobillera electrónica conectada a un sistema de localización que reporta todo el tiempo su ubicación y no podrá moverse de un departamento ubicado en calle Corrientes 328 de la capital entrerriana. Previamente el Servicio Penitenciario deberá delimitar el radio de movimiento asignado y por eso anoche permaneció en una celda en la alcaidía de tribunales.

El fallo fue firmado por unanimidad por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel y la pena estuvo ajustada a lo solicitado por los fiscales y los abogados que representaban a las víctimas.

Entre las pruebas que valoró el tribunal, además de los desgarradores testimonios de las víctimas, había una carta del Vaticano con una confesión realizada en 1997 por Ilarraz, en la que admitió haber tenido “relaciones amorosas y abusivas con seminaristas menores” y mostró arrepentimiento ante el tribunal eclesiástico. Durante el juicio, el sacerdote reconoció esa carta, pero dijo haber sido confundido y presionado para que confesara porque de lo contrario sería expulsado de la Iglesia.

Esta vez Ilarraz escuchó el veredicto en silencio. Apenas hizo un gesto de negación con la cabeza cuando la presidenta del tribunal anunció que quedaría detenido en ese mismo instante y que sería derivado a la alcaidía. Los sobrevivientes, sus denunciantes, se hermanaron en un abrazo dentro de la minúscula sala de audiencias y dejaron brotar las lágrimas contenidas, y del mismo modo se estrujaron sus familiares en el pasillo.

“Este sacerdote ha lastimado mucho, me ha lastimado a mí, a mis compañeros, a las familias de cada uno de nosotros y a toda una comunidad. Nosotros pusimos el cuerpo, hemos sido víctimas de estos hechos, pero esta condena sirve para que el daño causado sea revertido en gracia y sanación para la comunidad y también para la Iglesia”, sostuvo Hernán Rausch, una de las siete víctimas que denunció a Ilarraz en la justicia en 2012.

“Hemos dejado que la justicia pueda decir lo suyo y en función de todo lo que se ha mostrado, podemos decir que se hizo justicia; ya no hay nada más qué decir”, expresó Fabián Schunk, otro de los denunciantes de Ilarraz. “Después de tantas pesadillas, éste era el momento que esperábamos, ya comenzó la justicia”, acotó con lágrimas en los ojos.

La condena del sacerdote Ilarraz tiene, a criterio del fiscal Álvaro Piérola, un valor extra: “Lo excluyente debe ser siempre pensar en las víctimas, chicos que han estado desde hace tanto tiempo esperando que llegue este momento, que finalmente llegó y sin lugar a dudas les va a permitir seguir adelante con sus vidas”, aseguró el fiscal. “Es posible imaginar lo que están sintiendo en este momento porque son personas de bien, que siempre dijeron la verdad y esta sentencia lo que hace, además, es ratificar la palabra de las víctimas, que es lo más importante. A ellos se los trató de mentirosos, se los obligó a guardar secretos siendo niños; hasta hoy la posición de Ilarraz fue tratarlos de mentirosos, decir que ellos estaban fascinados con él y que por eso habían armado todo esto. Escuchar eso es verdaderamente revictimizante, así que la sentencia también tiene ese valor”, resaltó Piérola en diálogo con PáginaI12.

Otro que habló fue el arzobispo Juan Alberto Puiggari. A través de un comunicado titulado “Iglesia: compromiso, verdad, justicia y sanación”, el prelado dijo: “En su momento, no supimos encontrar los caminos más adecuados para dar respuestas ajustadas a las necesidades de las víctimas, y nunca dejaremos de sentir dolor por eso”. Puiggari cree que la Iglesia no supo cómo actuar cuando supo de los abusos, y de ese modo relevó a toda la cúpula eclesiástica de una eventual responsabilidad en el silenciamiento de los delitos que ahora la justicia condenó. El tribunal, de algún modo, le dio la razón al no aceptar ningún tipo de responsabilidad de la curia en el encubrimiento de estos hechos, algo que plantearon los fiscales Álvaro Piérola y Juan Francisco Ramírez Montrull en los alegatos.

El comunicado de Puiggari deja entrever que nadie más que Ilarraz es responsable por los abusos: “El veredicto dado a conocer por el tribunal viene a establecer, por parte de la justicia, la culpabilidad que le cabe a quien incumplió con su vocación y su promesa a Dios, en lo personal, atentando contra quienes eran merecedores de su cuidado y protección, en primera instancia, y vulnerando la confianza de la institución que lo albergaba, la de sus pares y sus superiores, y también la de toda la sociedad”.