"Al momento de acusar el Ministerio Público Fiscal considera que a partir del conocimiento de la actividad ilícita de Carlos Andrés Ascaíni que en su momento tuvo Néstor 'Beto' Fernández junto al ex jefe de Drogas y luego jefe de policía provincial Hugo Tognoli, estos pasaron a ser los dueños de la vida y de la muerte de la actividad de narcotráfico que realizaba Carlos Andrés Ascaíni, defraudando el rol de represión de la comisión de delitos que les fue asignado". Así de claro y sin ambagues fue el alegato que los fiscales Adolfo Villate y Adriana Saccone hicieron al momento de marcar la responsabilidad del detenido ex jefe policial, cuya sentencia se espera para las próximas semanas. Es bueno desandar ese camino de construcción de responsabilidad, en una semana en la que la simple acusación del imputado y procesado ex jefe de Drogas santafesino, intenta ser presentada como una verdad procesal.

En rigor la causa Tognoli incluye a otras tres: comprende en realidad el análisis de las causas conocidas en forma sintética como "Miguenz", "Ascaíni" y "Orozco". En la primera de ellas, se investigó el comercio de estupefacientes provistos -a criterio de la Fiscalía- por Ascaíni con la colaboración de su esposa, lo que surgió de las escuchas telefónicas. Además, se estableció que Ascaíni brindaba a los integrantes de esa banda protección frente al accionar de personal policial. Durante esas escuchas se conocieron al menos tres diálogos que llevaron las sospechas de connivencia policial a Néstor Juan Fernández, en ese entonces, Jefe de la Brigada Operativa Departamental VIII de Venado Tuerto, de la Dirección de Drogas provincial, ubicada en Villa Cañás. Por un lado, el día 28‑8‑09 se registró una conversación de Ascaíni en la que revela que un sujeto de apellido Manzi viajaba desde Villa Cañas a Venado Tuerto a bordo de un micro de la empresa "La Verde" con "algo encima". Ese día, Fernández detuvo a Manzi, con estupefacientes y con un celular en el que tenía como contacto el teléfono de Ascaini y figuraban mensajes de texto de ese mismo día, lo que permitió cerrar el círculo y tener por acreditado quién recibió el aviso y que el accionar de aquel había sido "a pedido" de Ascaíni. Sin embargo Fernández mintió durante el juicio que ese procedimiento se había llevado a cabo por "órdenes de la superioridad" y como tarea preventiva en las terminales de ómnibus.

El día 18 de Noviembre de 2009 Ascaíni mantuvo una conversación con su esposa en la que le refiere que se cruzó con Víctor, que estuvo a punto de "ponérsela" pero no tenía un arma, que ya le había avisado al Jefe, al Beto -recordemos, seudónimo de Fernández‑ y que lo quería encarar y pedirle que le diera "esas hojitas". Minutos antes de esta conversación se realizaron dos consultas a la base de datos de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios respecto del dominio HVB 593 y HBV con el usuario segu 210183 asignado al propio Fernández. Este dominio se corresponde con la camioneta utilizada por Víctor Gsponer. La Fiscalía acreditó además que la referencia a "esas hojitas" respondía a una denuncia anónima que había cursado Víctor Gsponer a distintas dependencias del gobierno y policía provinciales en las que se señalaba a Ascaíni y a personal policial que le brindaba protección, que tiempo después le fue secuestrada a Gsponer durante un allanamiento a su domicilio dispuesto en una causa en la que fue incluído junto a otras personas -entre ellas Juan José Galucci, quien habría competido con Ascaíni por el monopolio del comercio de drogas en esa región‑ por "Beto" Fernández. Se advierte, una vez más, que Fernández actuaba "a pedido" de Ascaíni, realizando distintos actos funcionales en beneficio de su actividad ilícita.

El día 25‑11‑2009 Ascaíni requirió telefónicamente al Cabo Primero Quintana de la comisaría de Villa Cañas la identificación de una camioneta de la PSA que realizaba tareas investigativas, el que había él previamente interceptado. Además, ese mismo día se realizó una consulta web a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor desde el segu 210183 asignado al usuario "Beto" Fernández sobre el dominio DSI 951 correspondiente a esa camioneta, lo que llevó a concluir que Ascaíni contaba con una doble línea de protección policial.

El 27/11/2009 se produjo un diálogo entre Alejandro Córdoba y Ascaíni del que surge que el primero fue presionado por Gsponer por la venta de sustancias estupefacientes, del que surge patente el enfrentamiento por el comercio de sustancias estupefacientes con Gsponer y Galucci. Allí, Ascaíni le da la seguridad a Córdoba de que mientras venda para él -y le pague‑ ninguna fuerza lo va a molestar.

El 12 de enero de 2010, Fernández fue relevado de su cargo en Venado Tuerto a raíz de una irregularidad cometida en la liberación de un imputado ocurrida en el mes de agosto de 2009, es decir, por una razón ajena a la decisión de Tognoli. Este último había señalado que él mismo echó a Fernández y que no se comunicaban, lo que, sin embargo, no se condice con el listado de llamadas remitido por la firma Movistar del que surge la existencia de 73 llamadas entre los celulares utilizados por Tognoli y Fernández desde el 2‑3‑2009 al 13‑1‑2010, cantidad que resulta incongruente con el motivo alegado ‑pedido de nafta‑.

El 1º de junio de 2010 la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó la casa de Ascaini y sólo encontró al ingresar una foto suya y un mate cebado sobre la mesa del comedor, lo que a criterio de la fiscalía era un modo burlón en que el principal investigado anunciaba al personal policial que sabía que allanarían su domicilio, tal vez a partir de un seguimiento que realizó un patrullero policial de la comitiva que ingresó a Villa Cañás.

Otro elemento de la Fiscalía fue la remoción de Francisco Fabián Armúa del cargo de Jefe de la BOD VIII, en el que lo designó en reemplazo de Fernández, por parte de Tognoli, ocurrida el 4 de mayo de 2011. Es que Armúa inició el 27/4/2011 una investigación sobre Ascaíni, tras una pueblada ocurrida en Villa Cañas con motivo de hechos de inseguridad. Para los fiscales Tognoli cambió permanente sus explicaciones sobre el relevamiento de Armúa: inicialmente sostuvo que había tomado esa decisión tras reunirse con la fiscal Liliana Bettiolo, que le habría manifestado su disconformidad con el trabajo de Armúa. Bettiolo no sólo dijo que eso no era cierto, sino que se acreditó que al día de la reunión Armúa ya había sido desplazado.

Quien reemplazó a Armúa al frente de la BOD VIII fue Julio Moreyra. que declaró que "no le dieron indicaciones respecto de persona alguna y que no recibió directivas precisas de nadie. Ello llevó a concluir que Tognoli no transmitió a Moreyra las inquietudes alrededor de las actividades delictivas de Ascaíni, lo que hubiera resultado lógico en función de los reclamos de la ciudadanía.

El MPF alegó también que, en función del organigrama de la Dirección al mando de Tognoli, no tenía lógica que desconociera lo que sucedía con Ascaíni, dado el carácter vertical de la institución policial. En ese sentido, se acreditó que ninguna de las causas que se iniciaron por la BOD VIII de Venado Tuerto en relación a Ascaíni, lo fue a instancias de Tognoli.

Por otra parte, un punto determinante en relación a la vinculación de Tognoli con Ascaíni, fue el intercambio de mensajes de texto en una causa en la que se investigaba la posible comisión del delito de trata de personas, mantenida el día 21/11/11.