Nueve años se cumplieron ayer de la desaparición de Natalia Acosta, una joven de 23 años que se ganaba la vida por medio de la prostitución en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe: 25 de Mayo y Suipacha. Ayer en esa misma esquina familiares y amigos exigieron justicia. Ariel Acosta, el padre de Natalia, denunció que "detrás de la desaparición de mi hija hay otras personas, además del detenido, gente de la política". Si bien no mencionó nombres propios, la acusación apunta al municipio santafesino, que hasta hace poco tiempo promocionaba entre las opciones turísticas de la ciudad a los cabarets El Stud y Místico, donde habían "invitado" a trabajar a Natalia.

La causa por la desaparición de Natalia estuvo dormida durante siete años en la justicia provincial. En 2016, por impulso de su familia y del ex defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, pasó al fuero federal y quedó en manos del fiscal Walter Rodríguez. A fines de noviembre del año pasado, la Policía detuvo a Osvaldo Gabriel Cerri, de 56 años, a quien la justicia indagó y le imputó el presunto delito de trata de personas. El día que desapareció, Natalia se había comunicado por celular con Cerri, quien le había ofrecido "trabajo" en Místico.

La "pista Místico" no la inició la justicia sino la propia Policía. Eso derivó en la declaración de Juan Carlos Cisneros, uno de los dueños del local, y de Cerri. Ambos, en calidad de testigos. Cerri sostuvo que "llevaba chicas" y que su vinculación con el club nocturno era Marcelo Boscarol, apellido relacionado a la política local. Uno de sus hermanos, Darío, actual vicepresidente de Aguas Santafesinas, votó en contra, como diputado por la Unión Cívica Radical, de una ley que proponía la erradicación de cabarets y whiskerías en todo el territorio provincial. Cuando le preguntaron por Natalia y le mostraron su foto, Cerri contestó: "Pude haber hablado con ella, como con muchas otras personas".

Cisneros confirmó que sus socios eran Marcelo Boscarol y Oscar Burtnik, en ese momento asesor de Utedyc y dirigente de Unión, hoy vocal de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Penal. Y sobre Cerri, precisó: "Si bien me ofrece femeninas para trabajar en el local, nosotros nos reservamos el derecho de contratarlas. Si en algún momento el local necesitaba bailarinas, lo podíamos consultar, ya que él conocía algunas chicas que necesitaban trabajar", según publicó el periodista Nicolás Lovaisa.

Cuando todo indicaba que se debía profundizar la investigación sobre Cerri, la fiscal federal Cintia Gómez eligió otras hipótesis y envió efectivos a provincias limítrofes. No se encontró ninguna información relevante.

Para el fiscal Rodríguez, que tiene a su cargo hoy la causa, "la familia Acosta estuvo privada del derecho a contar con una investigación seria" y lo que hubo, en cambio, fue "una pesquisa formal plagada de medidas probatorias carentes de profundidad y dispuestas respecto de un universo llamativamente acotado". Este última frase es contundente: ese "universo acotado" excluyó, específicamente, la pista Místico.

Esta decisión, de no profundizar sobre el cabaret que el propio municipio promocionaba a través de la folletería oficial, con apellidos vinculados al poder político y judicial como propietarios, también había sido denunciada por el ex defensor Ganón. "La pista Místico fue sugestivamente abandonada por los investigadores. Tampoco se investigó a Cerri, que la llevaba (a Natalia) a hacer copas al lugar", expresó. Ganón fue destituído de su cargo tiempo después. Uno de los que impulsó su remoción fue el diputado por la UCR Alejandro Boscarol, hermano de Marcelo, dueño de Místico.

Acosta, el papá de Natalia, dijo ayer que "fueron nueve años de impunidad de la justicia provincial y de la federal porque tuvimos un juez que no fue capaz de mover un papel durante ocho años" y agradeció el trabajo que están haciendo "Rodríguez, Miño y el abogado querellante Mariano Rosatti". "Si tres personas pudieron en un año hacer tanto, cómo un juez como Darío Sánchez en ocho años no nos pudo decir que hizo algo. Hemos movido cielo y tierra, golpeado puertas y estamos siempre en lo mismo. Hoy por hoy tenemos un detenido gracias al juzgado federal. Estamos mal por la impunidad de esos ocho años", finalizó.

La familia Acosta sigue esperando que se cumpla el último pedido judicial: que Marcelo Boscarol y Juan Carlos Cisneros declaren ante la justicia federal en los próximos meses.