La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena, dijo que América latina es la región “a la que más le conviene la legalización de las drogas y que ha llegado el momento de plantearlo seriamente” porque “la ilegalidad es lo que está matando a la gente”. El planteo lo hizo el lunes pasado, en un discurso durante el décimo Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe. En el ámbito local, la declaración deja en evidencia que la política de “guerra” contra las drogas del gobierno macrista va a contramano del mundo. Para el director del Area de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Mariano Fusero, los dichos de la funcionaria reafirman “lo que vienen diciendo desde hace rato los miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por ex presidentes, funcionarios e intelectuales” que proponen “regular para darle un golpe de mercado al narcotráfico quitándole el monopolio y descriminalizar el consumo de drogas”.

En el Ministerio de Economía y Finanzas francés, en París, la máxima autoridad de la Cepal –organismo de Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región– lanzó a su auditorio el desafío y anunció: “Voy a ser provocadora”. Luego se preguntó, de forma retórica: “¿A quién le conviene la legalización de la droga? ¡A América Latina y el Caribe, por Dios! Porque la ilegalidad es lo que está matando a la gente”, sostuvo la jefa del organismo que busca articular políticas para solucionar los problemas económicos y sociales de la región.

“Llegó la hora de plantearnos seriamente la legalización de la droga y de no entregarle al narcotráfico 165 millones de jóvenes que hoy se los estamos entregando en charola de plata porque no tenemos empleo ni instituciones”, remarcó, y planteó la necesidad de emprender transformaciones profundas en la región, a la que caracterizó por su falta de productividad y desigualdad, al cerrar el panel titulado Repensar las instituciones y Estados modernos.

Para la presidenta de Intercambios (asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas) e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Graciela Touzé, que el planteo sea hecho por la titular de la Cepal “es importante y da una perspectiva clara de lo que las políticas están haciendo en la región”, y señaló que “no debe ser casual que sea mexicana. En México la política de guerra contra las drogas ha generado una catástrofe”. “La política de guerra termina poniendo su foco en los sectores más vulnerables y desprotegidos, los consumidores, autocultivadores, campesinos en países con producción, que son sobre quienes recae el peso de esas políticas. Poner fin a esa concepción es cuestionar la prohibición y empezar a hablar de regulación y del cuidado de la salud y no dejarlo librado a la nada, que es lo que ocurre con los mercados clandestinos”, explicó la especialista.

La propuesta de Bárcena ya viene siendo impulsada por la Comisión Global, conformada por los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo; el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan; la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss; el ex secretario de Estado de Estados Unidos, George P. Shultz, y el escritor Mario Vargas LLosa, entre otras personalidades.

Para Fusero, el planteo de Bárcena se da en un contexto donde “en el país mentor de la cruzada bélica, Estados Unidos”, ya hay nueve estados y el Distrito de Columbia que permiten el uso de la marihuana con fines recreativos y treinta estados que permiten su uso médico, y en julio “se sumaría Canadá, un miembro del G-8”.

Sin embargo, el letrado advirtió que a contrapelo de lo que ocurre en el mundo “nuestra legislación es de las más antiguas y retrógradas, porque siguen poniendo penas a la tenencia personal y el cultivo”. Para dejarlo claro, remarcó que “la tenencia para consumo personal está penada”, y queda librada a la arbitrariedad del funcionario judicial, pese a los argumentosde la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del delito de tenencia para consumo personal (fallo Arriola 2009).

Fusero recordó que desde aquella resolución se han “presentado 25 iniciativas al Congreso para despenalizar la tenencia, transversales, de la izquierda, del peronismo, del Frente para la Victoria, pero también avaladas por Margarita Stolbizer, Ricardo Gil Lavedra y Elisa Carrió”.