Doce efectivos de la Policía Bonaerense y cuatro civiles fueron detenidos acusados de formar una red delictiva en el sur del conurbano dedicada a extorsionar a comerciantes para no realizar inspecciones y aceptar coimas para liberar zonas. Los acusados fueron separados de la fuerza.

Los implicados están acusados de exigirles dinero a comerciantes para no realizar inspecciones, a delincuentes para liberar zonas y “dejarlos trabajar” y a puesteros de las ferias de La Salada, Olimpo y Villa Domínico a cambio de no secuestrarles la mercadería. Los policías tenían una lista de comerciantes a los que visitaban de forma periódica para cobrarles una “cuota”. Dependiendo del acuerdo con ellos, la coima se cobraba de forma semanal o mensual.

El personal policial que integraba la banda tenía diferentes jerarquías dentro de la fuerza. Los civiles, según la investigación, se vestían con los uniformes y actuaban como si fuesen miembros de la Bonaerense.

“No perdimos policías, nos sacamos de encima a delincuentes”, aseguró el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo. 

La investigación, que llevó adelante el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, comenzó a raíz de una denuncia originada en el ministerio de Seguridad bonaerense. Se realizaron intervenciones a líneas telefónicas y se descubrió a los policías implicados. 

“La investigación comenzó en junio de 2016 cuando el cuerpo de instrucción Judicial de la Fiscalía de Lomas de Zamora tomó todas las causas vinculadas con La Salada”, le confirmó a PáginaI12 Juan Pablo D’Onofrio, secretario general de la Fiscalía de Lomas de Zamora. Entre las causas vinculadas a esta investigación están las de Jorge Castillo, conocido como “El Rey de La Salada” y la de Enrique Antequera y Marcelo Aravena, hombres vinculados a la barrabrava de Boca Juniors que les cobraban alquileres onerosos a puesteros de la feria.

Se hicieron 25 allanamientos. La causa está caratulada como “asociación ilícita”, pero D’Onofrio informó que se están investigando otros delitos como coacciones, amenazas, concusión y, en el caso de uno de los acusados, abuso sexual. Los civiles y los efectivos están detenidos y a disposición del Cuerpo de Instrucción y el Juzgado de Garantías N°4 de Sebastián Monellos. Hoy serán indagados por el fiscal Scalera.