En el mes del centenario de la Reforma Universitaria, aquel gran acontecimiento que, al cuestionar la todavía clerical Universidad de Córdoba, trascendió al conjunto del país y alcanzó con su influencia a buena parte de la América Latina, tendríamos que estar pensando y debatiendo acerca de nuestras universidades públicas y su sentido social, con una mirada que nos llevara hacia adelante. Mucho más cuando en Córdoba y a propósito de la celebración en cuestión tendrá lugar una nueva edición de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), la misma que en 2008 declaró que la educación superior es un derecho humano universal y un bien público y social, a contrapelo del mercantilismo que ya dominaba crecientemente a las universidades del mundo. Es que la gesta de 1918, con su espíritu a la vez democrático, científico, social y latinoamericanista se engarza en una cadena histórica que incluye la declaración de gratuidad de los estudios universitarios por el peronismo en 1949, pero también la tradición de grandes universidades de la región como la Mayor de San Marcos en Lima, la UNAM en México, la de San Pablo y tantas otras. Tanto, que podríamos pensar que la declaración mencionada de la CRES se asienta en las bases de un protomodelo universitario latinoamericano. En vez de eso, nos vemos a la defensiva en un contexto de desprecio de la universidad (y de toda la educación) pública por parte del gobierno nacional, que incluye un completo desinterés por sostener (aunque más no fuera) el valor de los salarios de los docentes y no docentes frente a la inflación y las devaluaciones monetarias, así como por la suerte de buena parte de las instituciones encargadas de educar a millones de habitantes de este suelo. En ese contexto, ya de por sí negativo, la gobernadora de Buenos Aires se despachó con una declaración que no se puede dejar pasar. Su idea de que estuvo mal crear nuevas universidades públicas porque los pobres no pueden acceder a ellas, es tan errónea como inaceptable. No es, sin embargo, algo nuevo, por cierto. Forma parte del decálogo educativo del pensamiento neoliberal y la venimos leyendo o escuchando desde hace décadas. Por eso es importante responderle.

Durante los años kirchneristas se crearon 34 instituciones de educación universitaria (IEU), 23 corresponden al sector estatal y 11 al privado. La distribución de las 23 IEU estatales fue la siguiente: 11 en PBA, 4 en CABA, 2 en San Luis, 1 en Santa Fe, 1 en Misiones, 1 en La Rioja, 1 en Córdoba, 1 en Río Negro, 1 en Chaco y 1 en Tierra del Fuego. Con la creación de las últimas tres, no existe en la Argentina ninguna provincia sin al menos una IEU nacional. Por su parte, las nuevas IEU privadas se distribuyeron: 4 en CABA, 3 en PBA, 1 en Córdoba, 1 en Misiones, 1 en Santa Fe y 1 en Tucumán.

Los últimos datos disponibles (2014) son auspiciosos ya que indican que hay 1.468.072 estudiantes en IEU estatales, de los cuales 53.603 se ubican en las nuevas IEU del Estado. Cabe preguntarse si para quienes esgrimen la idea de la meritocracia, ante la ausencia de estas nuevas IEU no se les estaría acotando las posibilidades a empeñosos y brillantes estudiantes sólo por haber “nacido en la pobreza” y no por poseer menos méritos que sus semejantes que nacieron en las proximidades de una universidad pública. En el marco de una investigación realizada a finales de 2016 se realizó una primera medición de tipo exploratoria en la Universidad Nacional de Avellaneda (creada en 2009) acerca de las trayectorias socioeducativas de los nuevos estudiantes (se tomaron 129 casos, correspondiente a estudiantes del primer año de la Carrera de Abogacía). Los resultados son reveladores: el 54 por ciento tiene más de 30 años de edad; el 31 por ciento interrumpió estudios de nivel superior y un 36 por ciento posee estudios de nivel superior previos; el 79 por ciento son primera generación de universitarios en su familia; el 48 por ciento respondió que sus padres no finalizaron la escuela secundaria; el 71 por ciento indicó que eligió estudiar en la Undav por la cercanía geográfica con su lugar de residencia y el 55 por la gratuidad de los estudios (nota: respuesta de opción múltiple); y el 19 por ciento de los estudiantes percibe algún tipo de prestación social.

A diferencia de lo que cree saber la gobernadora de la PBA, el kirchnerismo generó condiciones institucionales (cambios en el marco normativo, aumento en la inversión presupuestaria para el sistema universitario, apertura de nuevas IEU, un novedoso programa de becas universitarias, etc.) y logró revertir esa “verdad” de que aquellos chicos que nacieron en la pobreza nunca iban a llegar a la universidad. El verdadero desafío que le toca a Vidal está en mejorar los niveles de desempeño de las IEU para poder así efectivizar el derecho a la educación universitaria que el Estado debe garantizar. Esto desde luego parece imposible de realizar sin el sostenimiento de las políticas públicas que la precedieron y que le permitieron al “nacido en la pobreza su ingreso en la universidad”.

La afirmación de Vidal es complementaria de aquella de Macri, cuando habló de quienes “caen en la educación pública”. En el modelo de Cambiemos la educación buena es la privada y se supone que toda familia querría que sus hijos se educasen allí. Como no todos pueden, existe la educación pública, cuya función es compensatoria. Respecto de la educación superior, es pensada para una élite, que debería pagarla, descargando al fisco del gasto respectivo y así al conjunto de la población que nunca habrá de llegar a ella. Se trata, sin dudas, de una idea de sociedad formada por un núcleo minoritario de individuos emprendedores “exitosos” y una mayoría de sujetos subordinados al rumbo que tales exitosos sepan darle al país. No hay idea alguna de derechos universales, de bienes comunes, de destinos o construcciones colectivas. No la hay tampoco de un país cuya riqueza se base en el conocimiento científico tecnológico y requiera, así, muchos trabajadores altamente calificados y formados. No se considera, así, valioso aspirar a un modelo económico con salarios altos; pero tampoco interesan (más bien todo lo contrario) la formación de ciudadanos con capacidades críticas, como condición democrática, ni la producción y distribución amplias de la cultura, el arte y el pensamiento, como formas necesarias del enriquecimiento humano del conjunto de la sociedad. La creación de nuevas universidades fue un modo de buscar que más personas pudieran acceder a ese nivel educativo. Si defendemos a la educación como un derecho, buscaremos más formas de garantizarlo; no abandonaremos a su suerte a millones de personas. Que quede, por último, claro: a lo largo de la historia argentina, la educación pública (incluida la universidad) estuvo siempre del lado de los bienes sociales, nunca de los males. Esto, sin dejar de aceptar que resulta necesario repensar nuestro sistema educativo y nuestras prácticas pedagógicas y mejorarlas sustancialmente; pero destruir lo existente sería, por el contrario, un daño gravísimo, del cual ya hemos tenido antecedentes en las dictaduras del siglo XX y en los años 90.

Las expresiones de Vidal son absolutamente consustanciales con la utopía de Cambiemos: una sociedad desigual, donde el mercado corone a los individuos exitosos y condene al resto. Una sociedad para pocos.

Schuster es profesor titular y consejero superior (UBA). Piqué es docente e investigador (UBA-Undav).