La nueva ministra de Justicia del gabinete del socialista Pedro Sánchez, Dolores Delgado, fue la fiscal que llevó adelante la investigación sobre el caso Scilingo, quien se trató del primer represor argentino condenado y encarcelado fuera de nuestro país. Cercana al ex juez Baltasar Garzón, en el año 2005, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional española había pedido que se le aplique a Scilingo la pena de 9138 años de prisión por haber incurrido en los delitos de genocidio, 30 asesinatos y 255 lesiones.
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