Con más datos escondidos bajo la mesa que los expuestos sobre la misma, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger dejaron entrever, entre pliegues discursivos, el sendero que le fijó el Fondo Monetario al gobierno de la Alianza Cambiemos hasta el fin de su mandato. En esa proyección, los primeros seis meses vendrán teñidos por una inflación fuerte, dólar en alza y un estancamiento económico con tendencia a la recesión. Para 2019, la meta de reducción del déficit fiscal es ambiciosa, que es lo mismo que decir que el ajuste será brutal. Este es el costo que el gobierno decidió pagar para lograr un “blindaje” de 55.650 millones de dólares que intente preservarlo de los desequilibrios externos y de acontecimientos climáticos locales. Contra los errores propios del gobierno, el mecanismo de preservación es un monitoreo permanente del FMI.

 Desbordado por una sangría externa de dólares imparable (fuga de capitales, déficit en las balanzas comercial y de turismo, intereses de la deuda), que en los primeros dos años había compensado con endeudamiento creciente, el gobierno de Mauricio Macri se encontró, al tercer año, con que había perdido la rueda de auxilio de los préstamos externos. Agotados los instrumentos propios de contención, el Poder Ejecutivo optó por el remedio sugerido por los propios capitales financieros que habían iniciado su huida: recurrir al Fondo. 

 El costo político puede ser grande, pero las anteojeras ideológicas del gobierno no le permiten reconocer otra opción. Los “mercados”, un equipo que para Argentina está integrado por JP Morgan y diez más, le “perdieron la confianza” al gobierno de Macri, o más precisamente a su capacidad de repago de los compromisos financieros. Y le recomendaron recurrir al único pariente con espaldas anchas para devolverle, aunque sea por un tiempo breve, esa confianza: el organismo que dirige Christine Lagarde.

 El acuerdo prevé un “blindaje” de 50 mil millones de dólares aportados por el FMI más otros 5650 millones por aportes del Banco Mundial, el BID y la CAF (Corporación Andina de Fomento), con el fin de restablecer la confianza perdida y detener así la fuga. A Fernando De la Rúa, en 2001, el mecanismo de “blindaje” no le funcionó (entonces era de 40 mil millones de dólares). También continuarán los tarifazos, porque el gobierno estará obligado a no correrse de las estrictas metas de reducción del déficit primario, para no dejar de cumplir con el déficit financiero (pago de intereses de la deuda), aunque este último siga creciendo. 

 ¿Qué puede pasar con el dólar? Con el blindaje ya acordado, hoy mismo el Banco Central debe desactivar el muro que suponía establecer un tope de 25 pesos al dólar mayorista. De algún modo, para que el programa sea sustentable debe reducir la sangría de dólares al exterior (el desequilibrio en cuenta corriente de la balanza de pagos superó los 47 mil millones de dólares el año pasado, este año apuntaba a ser mayor), y sin regulaciones (ni cepo), el único mecanismo es el dólar “recontra alto”. En consecuencia, con dólar en alza y tarifazos, ¿a cuánto puede subir la inflación este año? Por algo será que el Banco Central le dio licencia a las metas de inflación hasta 2019, mientras Dujovne prefirió ahorrarse los pronósticos. 

 Con inflación elevada y paritarias de 20 por ciento (con el ajuste salarial de 5 puntos adicional anunciado por el ministro), la otra consecuencia inmediata será la caída de la actividad económica. Dujovne dijo que, en una hipótesis “moderada”, el crecimiento sería este año del 0,4 por ciento. Podría terminar resultando la hipótesis más optimista.