Desde Santa Fe.

El fiscal adjunto Daniel Filippi desestimó la denuncia de once diputados de la provincia contra Miguel Lifschitz y los dos vocales del Tribunal de Cuentas que designó: el ex secretario del Ministerio de Economía Jorge Beccari y el abogado radical Lisandro Mariano Villar y archivó el legajo por "falta de elementos serios o verosímiles" para iniciarles un proceso, dice la resolución a la que tuvo acceso Rosario/12. El rechazo fue in limine, lo que significa que los denunciados no fueron "imputados" y los denunciantes tampoco podrán pedir la "revisión" del archivo ante el fiscal regional Carlos Arietti porque Filippi interpreta que los legisladores no son "víctimas" ni "ofendidos directos" y es improbable que puedan constituirse como "querellantes". Caso cerrado.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) rechazó la denuncia en menos de 48 horas. Los diputados la presentaron el viernes 29 de junio sin patrocinio legal. El lunes 2 de julio, Arietti la asignó a uno de los equipos de Investigación y Juicio. Y el martes 3, Filippi la mandó al archivo. "Del análisis del caso, no surgen elementos de convicción serios o verosímiles para iniciar" un proceso penal, dijo el fiscal y desestimó la denuncia porque la "conducta" de Lifschitz "no queda comprendida dentro del tipo penal pretendido por los denunciantes".

Los legisladores le habían pedido que investigara si los ascensos de Beccari y Villar cumplían "los requisitos legales exigidos por la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado". O encuadraban en el artículo 253 del Código Penal que sanciona con multa e inhabilitación al "funcionario público" que nombre en un cargo público "a una persona que no cumple los requisitos legales" y a éstas por "aceptar un cargo para el cual no tengan los requisitos legales". El escrito lo firmaron los diputados del PJ Leandro Busatto y Luis Rubeo, el jefe del bloque del Frente para la Victoria Héctor Cavallero y sus ocho colegas de Cambiemos: Alejandra Vucasovich, Cesira Arcando, Miriam Cinalli, Raúl Fernández, Federico Angelini, Sergio Mas Varela, Germán Mastrocola, Demetrio Alvarez.

Filippi dijo que el pase de Beccari y Villar al Tribunal de Cuentas cumplió "el marco legal vigente" y "los parámetros constitucionales". "No advierto carencia alguna de requisitos legales, tanto desde el punto de vista formal como sustancial", interpretó.

"Los vocales del Tribunal de Cuentas son nombrados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Asamblea Legislativa. Son las Cámaras de Diputados y de Senadores, reunidas en Asamblea, las que integran la voluntad política del gobernador, aprobando o rechazando los pliegos enviados por éste. Este procedimiento previsto en la Constitución de Santa Fe es el que convalida o no la propuesta que realiza el PE", recordó el fiscal. "Pretender una revisión judicial posterior implica alterar el esquema institucional de la provincia y afectar gravemente los principios republicanos y la división de poderes".

"Es irrazonable dentro de este esquema previsto que un fiscal revise las decisiones políticas del PE, refrendadas por la Asamblea Legislativa. Esta aprueba de manera expresa o ficta los nombramientos propuestos y al hacerlo hace el control de los requisitos legales y de la idoneidad de los propuestos, integrando con su decisión y acuerdo los pliegos remitidos por el gobernador".

"Tanto la aprobación como el rechazo de los pliegos es una decisión de la Asamblea Legislativa que no está sujeta a revisión ulterior del Poder Judicial". Porque en caso contrario "se alteraría gravemente la división de poderes, menoscabando el estado de derecho y el orden institucional y judicializando de manera inconstitucional e ilegal la política".

El fiscal consideró las impugnaciones a Beccari y Villar de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL y de los colegios de Abogados y Ciencias Económicas como "dictámenes no vinculantes" para el PE y la Asamblea.