Luego de que el último fallo de la Cámara de Apelaciones aprobara la aplicación del protocolo antitomas elaborado por el Ministerio de Educación porteño, la Asesoría Tutelar interpuso un nuevo recurso para pedir la inconstitucionalidad del instructivo por lo que la sentencia deberá ser revisada nuevamente. El protocolo elaborado por la ministra Soledad Acuña permite la identificación de los estudiantes y traslada la responsabilidad patrimonial y civil a los padres.
“La sentencia recurrida violenta derechos constitucionales de mis representados, tales como el acceso a la jurisdicción para la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser oído, y el derecho a la libre expresión de los estudiantes, que integran en estos dos últimos casos el derecho a la educación en un ámbito participativo”, sostiene el recurso presentado por el asesor tutelar Gustavo Moreno, uno de los representantes del Ministerio Público Tutelar.
El protocolo había sido suspendido en primera instancia por una fallo de la jueza Elena Liberatori que interpuso una medida cautelar y convocó al Ministerio de Educación a elaborar una nueva guía de acción pero con participación de la comunidad educativa.
Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá decidir si admite o no el recurso de inconstitucionalidad. En caso de aceptarse, será el Tribunal Superior quien deba resolver sobre la aplicación del protocolo.
