Finalmente, tras el malestar desatado en las Fuerzas Armadas por el aumento salarial anunciado por el Gobierno, primero de un 8 por ciento y después de un 15, el presidente Mauricio Macri prometió un aumento del 20 por ciento para los integrantes de las tres fuerzas. La nueva oferta rompe el techo salarial que el propio Gobierno quiso imponer en las negociaciones paritarias.

La promesa del nuevo aumento fue realizada esta mañana, en la Quinta de Olivos, donde el Presidente recibió al ministro de Defensa, Oscar Aguad, al jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Bari del Valle Sosa y a los tres jefes militares. El malestar en el ámbito castrense llegó a su punto culmine días atrás con la noticia del magro aumento y la suspensión del desfile militar que iba a realizarse el 9 de Julio, por el Día de la Independencia.

Según trascendió, además del aumento del 20 por ciento, el Gobierno se comprometió a blanquear parte de los sueldos del personal militar para ir hacia la eliminación de las sumas fijas y equiparar los salarios con el de las otras fuerzas de seguridad.   

A principio de mes, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el aumento del 8 por ciento para el personal de las Fuerzas Armadas. Tras la desaprobación masiva entre las filas, Aguad salió a decir que había sido un error y que la suma de aumento sería de un 15 por ciento.

"Me hago responsable del bono del 8 por ciento que generó malestar con las Fuerzas Armadas, fue un error y está en vías de corregirse", había dicho en su momento el ministro de Defensa, quien reconoció así el conflicto generado por la decisión. Al malestar generado entre los militares le siguió la suspensión del desfile militar, aunque las autoridades explicaron que la baja fue por “cuestiones presupuestarias”.

El acotado aumento de los sueldos de los militares contradecía el pedido de mayor “colaboración” que el propio Macri hizo durante el acto por el Día del Ejército argentino, el 29 de mayo, cuando le pidió a los jefes de las fuerzas “más esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado”.  Lo dicho le valió la reacción de los organismos de derechos humanos y sectores opositores quienes denunciaron que el Gobierno buscaba la participación de los militares en la seguridad interior, algo prohibido por ley.