La Iglesia metió la cola en el tercer día de audiencias informativas del plenario de comisiones del Senado que trata la legalización del aborto. La presencia fue menos voluntaria que invocada: por expositores que denunciaron explícitamente sus presiones y su coherencia histórica para intentar obstaculizar derechos en los debates locales, pero también por senadoras y senadores, que tanto denunciaron sus interferencias directas o indirectas como lamentaron, de manera explícita, las referencias negativas a la Iglesia. A esa referencia nada elíptica se sumó, también, otra sí elíptica y reiterada por parte de los antiderechos, que desde la semana pasada preguntan a oradores favorables a la ley quién los financia; la insistencia fue tan evidente, y tan cercana a la insinuación, que el presidente de una de las comisiones, Pedro Guastavino, llegó a intervenir para preguntar a las senadoras Silvia Elías de Pérez e Inés Brizuela, voceras de la inquietud reiterada, qué subyacía a esa pregunta. No quedó claro.
Además de extenso, el encuentro fue intenso, y continuaba al cierre de esta edición, porque a pesar de que la cantidad de expositores no superaba por mucho a la de jornadas anteriores (ayer estaban previstas dieciocho participaciones) cada exposición se prolongó mucho más que otras veces por las preguntas de senadoras y senadores plantearon, que en algunos momentos debatían con los oradores.
Desde que comenzó el debate en el Congreso la Iglesia declaró la guerra, dijo la senadora (MC) María Eugenia Estenssoro, quien aportó información sobre las intervenciones eclesiásticas. Mostró copias de un folleto que la ONG antiderechos La Merced Vida (que en Diputados tuvo al menos tres expositores) repartió en una escuela confesional de la zona norte bonaerense días atrás y señaló: había allí mentiras históricas, científicas, manipulaciones de información. “La decisión que tiene que tomar el Senado es política”, indicó. En la iglesia, las mujeres tienen un lugar secundario “y ese es el modelo que quiere seguir imponiendo en la sociedad argentina”. La iglesia “se opuso a la educación pública de Sarmiento, al matrimonio civil, al voto femenino, a la ley de divorcio. Se opone a la educación sexual; yo estaba en la Legislatura cuando se trató, parecía el medioevo las cosas que tuvimos que escuchar. Se opone a la campaña anticonceptiva y se opone al aborto”. Añadió que a la legalización del aborto la impulsa el movimiento de mujeres y su diversidad de aliadas y aliados. Por eso “lo que custodian el Papa, los obispos, los curas no es otra cosa que la libertad de las mujeres argentinas y el derecho a elegir cómo queremos vivir, cuántos hijos podemos traer al mundo con responsabilidad, dignidad y amor. Ellos quieren decidir por nosotras”.
Luego de que la experta en economía de la salud Sonia Tarragona (de la Asociación de Economía de la Salud) afirmara que, de acuerdo con un estudio de estimaciones de costos, para el sistema público de salud el costo del aborto legal sería de “al menos dos veces y media” menos de lo que se gasta actualmente, la tucumana Silvia Elías de Pérez lanzó por primera vez la pregunta: ¿a una ONG en la que había trabajado antes la expositora, Fusa, la financia o financió alguna vez la ONG de derechos sexuales y reproductivos Planned Parenthood? La respuesta fue afirmativa. La senadora reiteró su inquietud luego de la intervención de la investigadora del Conicet y profesora Asociada de la Escuela de Derecho de la Universidad Di Tella Paola Bergallo, que había planteado que al Senado corresponde decidir entre “la anomia actual (de una normativa vigente cumplida a medias y no en todo el país) o la aprobación del proyecto que tiene media sanción”. La tucumana Beatriz Mirkin pidió la palabra. “No escucho que (a los expositores) se les haya preguntado sobre las exposiciones (...) Me parece que también hay senadores que son financiados por algunas fundaciones para realizar algunas tareas y a nadie se le ocurre preguntar. (...) a mí no se me ocurrió preguntarle al señor de la empresa católica que vino si está financiado por el Estado. Yo sé que está financiado por el Estado, pero no pregunté”, añadió Mirkin.
Poco después, tras la intervención del director de Litigio y defensa legal del CELS, Diego Morales (quien, como Alejandro Osio, de Pensamiento penal, advirtió que los antiderechos quieren hacer decir a las normas locales e internacionales lo que no dicen), Elías de Pérez volvió a la carga. “Quiero ver la parcialidad o imparcialidad de las asociaciones que se presentan, y hacer referencia que Planned Parenthood, no me refiero a cualquier asociación, sino a un holding que tiene la mayor cantidad de empresas que se dedican al aborto y en forma jurídica van interviniendo en países hasta conseguir lo que les interesa”, introdujo. “No me queda clara la explicación”, intervino el presidente de la comisión de Justicia, Pedro Guastavino. “Es como que hay una especie de sospecha”, agregó. La senadora preguntó nuevamente. Morales detalló fondos; explicó: “en ninguno de los supuestos ese financiamiento superó el 1, el 2 por ciento de la financiación del CELS”.
Caía la noche cuando comenzaba la intervención de la abogada Nelly Minyersky, histórica del la lucha por los derechos de las mujeres y una de las pioneras de la Campaña por el Derecho al Aborto. Poco antes, había sido el turno de Mariano Obarrio, un periodista que, por obra y gracia de las redes sociales, en los últimos meses se convirtió en vocero de los antiderechos. Su intervención fue la más acompañada por un inhabitual murmullo de asombro y hasta risas; también, la que despertó más de una exclamación de uno de los oradores que esperaba su turno, el biólogo investigador superior del Conicet Alberto Kornblihtt, que no ocultaba su asombro al lado de otra histórica de la Campaña, Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir. Esa agitación contrastó con el silencio que se produjo en cuanto Minyersky se sentó al escritorio. “Aunque parece superfluo, quiero decir que todas las investigaciones que he hecho las he hecho con fondos de la Universidad, porque dirigí varios fondos UBACyT”, comenzó.
“Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que salir de tratar de imponer”, advirtió, y señaló que “la persona que considera que al oponerse protege esa dos vidas, con eso signa el destino de otra persona, porque un hijo para las que creemos en la maternidad seriamente es algo que nos cambia el futuro. A las mujeres cuando parimos un hijo nos cambia la vida”. La maternidad, acotó, antes de dar argumentos jurídicos y bioéticos, “es un don y soy muy feliz (por ser madre), hasta soy bisabuela en ese momento. Pero no puedo imponer a alguien que le cambie la vida. ¿Qué otro ejemplo tenemos en la humanidad de que a un ser humano se lo obligue a una conducta de tal modo? No tenemos ninguno”.
