Organizaciones que luchan por los derechos humanos y contra la violencia institucional salieron a repudiar los dichos del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tras los disparos de balas de goma que lesionaron a un vecino de zona oeste durante un control vehicular. “Se termina cuestionando a la fuerza, cuando no se sabe en qué contexto actúa. La policía tiene armas y las va a usar”, afirmó el funcionario para defender el accionar policial, por el hecho del sábado pasado. “Legitima un uso excesivo de la fuerza como forma cotidiana de gestionar conflictos”, reprocharon desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Para las organizaciones nucleadas en el espacio Juicio y Castigo, las declaraciones “operan como un estímulo a los casos de violencia institucional que se repiten uno tras otro”. Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Guillermo Campana, agregó que “se legitima algo que viene también del gobierno nacional”. Y la abogada Julia Giordano, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) lamentó que “se apoya a los agentes sin tener elementos”.

Mientras la Fiscalía investiga el accionar de los funcionarios policiales que estuvieron el sábado 14 de julio en Barra al 3600, donde terminó baleado Gustavo Benítez y dos policías fueron presuntamente apedreados, cuando intentaban secuestrar la moto de un habitante de la zona; el ministro Pullaro defendió el accionar policial y las organizaciones salieron a repudiar sus dichos y a manifestar preocupación.

Gustavo Benítez, el hombre que resultó herido por postas de goma, fue atacado durante un operativo de control vehicular y luego permaneció doce horas detenido, ya que se le formó causa por resistencia a la autoridad, pese a que también fue maltratado en la comisaría 19º.

“Nos preocupan las declaraciones del principal responsable político de la policía en el actual contexto político y social, sumado a la grave situación en materia de violencia institucional que atraviesan Rosario y la provincia. Tiene la obligación de diseñar e implementar acciones, programas y políticas para detectar, prevenir y sancionar la violencia institucional; lejos de esto avala estas prácticas, generando las condiciones para que estas graves violaciones a los derechos humanos sigan sucediendo”, se quejaron desde la Multisectorial. “Sorprende, además, que el ministro resaltara que en su gestión a los malos policías se los saca de la fuerza, porque el propio funcionario manifestó en audiencia con integrantes de esta Multisectorial que él no tomaría ninguna medida administrativa sobre el personal policial hasta que sean sometidos formalmente al proceso penal y que tampoco avanzaría en los procesos administrativos hasta que no se establezca judicialmente la responsabilidad penal de los policías involucrados en los hechos. Adujo que no tenía facultades legales para actuar de otro modo y resaltando, además, que no es él quien aplica sanciones administrativas, sino el Jefe de Policía, dando una clara señal a favor del autogobierno policial”.

Desde el espacio Juicio y Castigo criticaron que “en lugar de condenar el hecho, eligió justificarlo. Sus palabras como máxima autoridad de Seguridad en la provincia operan como un estímulo”, aseguraron. Al mismo tiempo, lamentaron “el silencio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que funciona como un aval a esta justificación de los abusos policiales y desautorización del Poder Judicial que emana de los dichos de Pullaro. De esta manera, el Ministro de Seguridad se pone en sintonía con la línea ‘manodurista’ que impone su par nacional, Patricia Bullrich, que no sólo aplaude los hechos represivos, sino que asciende a los agentes involucrados, como pasó en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”. Y reprocharon: “La impunidad sólo genera más impunidad. Donde hay un caso de violencia institucional, lo que debe hacer el Estado es mover todos los resortes institucionales a su alcance para que el hecho se investigue y la Justicia pueda actuar en consecuencia”.

El abogado Campana señaló que los dichos de Pullaro “tiene que ver con una demagogia punitiva que alimenta a un sector de la población que pide mano dura, justifica el gatillo fácil; pero también implica hacerse eco de lo que dice un sector, porque es falso decir que la mayoría pide eso, porque eso es algo que no se puede medir”. Además, recordó que semanas atrás el ministro se refirió también al menor detenido por el crimen de Juan Cruz Ibáñez –-el ingeniero de 23 años asesinado el 2 de julio en su departamento de Zeballos al 2100--, cuando “dijo que tendría que ser juzgado como un mayor, lo que es contrario a la legislación”.

Giordano señaló que “todas las personas tenemos derecho a resistir cualquier agresión, aunque venga de la fuerza. Será la Justicia la que tenga que ahondar e investigar qué pasó. Que el ministro de Seguridad salga a apoyar a los efectivos, sin tener los elementos, no hace más que decirnos que la única política que aplica este gobierno es de represión”.