El anuncio del presidente Mauricio Macri sobre la reforma del Sistema de Defensa Nacional que, entre otras cosas, rehabilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en asuntos de seguridad interior recogió solamente repudios entre los organismos de derechos humanos, desde donde calificaron la decisión presidencial como una “amenaza” a la democracia y la vincularon con las medidas de ajuste que el Ejecutivo está implementando.
“Es una decisión que nos retrotrae a épocas de la dictadura porque fue la última vez que las Fuerzas Armadas intervinieron en seguridad interior, por lo tanto es una muy mala noticia, nos lleva a pensar que justamente lo peor de la historia argentina”, definió Carlos Pisoni, de Hijos, quien aseguró que “como familiar de desaparecidos, de solo imaginar que los militares vayan a poder hacer tareas que hicieron durante la dictadura da escalofríos”.
Según evaluó Pisoni, la decisión de Macri tiene “un objetivo claro: responder a la cada vez más creciente conflictividad social con política represiva”. “No hay forma de solucionar plan económico de ajuste y hambre sin represión”, postuló el representante de Hijos. “Esto ya sucedió en la Argentina, ya lo vimos. Y sabemos que los resultados fueron negativos por todos lados. Entonces creemos que hay que frenarlo porque está amenazada la democracia”, concluyó.
“Las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en temas de seguridad interior”, aportó el Centro de Estudios Legales y Sociales a través de una comunicación oficial en la que concluyó que el “nuevo paradigma” que crean los cambios anunciados por Macri ayer a la mañana “construye enemigos internos y aumenta la violencia”. “Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior pone en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”, advirtió el organismo.
Paula Litvachky, una de sus directoras, amplió las definiciones y abrió interrogantes en algunos puntos. “Hay que ver si se concreta esto en cambios normativos. Hay suspenso sobre si se va a modificar el decreto que reglamenta la ley de Defensa o si están pensando hacer otra cosa”, advirtió en diálogo con Futurock, antes de asegurar que la poca claridad que existe respecto de los cambios y las nuevas funciones de las fuerzas armadas implica “jugar con fuego”. “Hoy las Fuerzas Sociales tienen prohibido hacer patrullajes, detener personas, iniciar investigaciones judiciales o criminales. Entonces, no quedaría claro qué pasaría con cualquier problema en un patrullaje de frontera, por ejemplo. Es un gris y es jugar con fuego”, sostuvo.
Por su parte, la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) consideró que el anuncio de Macri “es la conjugación del gobierno que ha negado sistemáticamente el terrorismo de Estado de la última dictadura militar y ha pretendido favorecer la libertad de genocidas, mientras legitima el accionar represivo que se descarga sobre los sectores en lucha y las barriadas populares, con la doctrina Chocobar y las reformas del Código Penal y Procesal Penal”.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman señaló que la situación se puede analizar “desde diferentes aristas, la jurídica, la contextual y la internacional” y que la clave de esta última “está en el alineamiento internacional incondicional que propone Macri con Estados Unidos”. “Tiene planes muy concretos para invadir Venezuela, a través de la cuarta tropa y del Comando Sur. Macri quiere preparar a las Fuerzas Armadas para intervenir en ese conflicto futuro”, evaluó.
En tanto, remarcó que los cambios en la intervención de las fuerzas armadas apuntan a “devolverles el orgullo, el rol de salvadoras de la Patria, esa deuda que él cree que el Estado tiene con los militares pero que no será posible salvar”. “Hay un límite –insistió– que es el terrorismo de Estado, un límite que no se puede perforar, la sociedad tiene memoria.”
Al cierre de esta edición, los organismos estaban trabajando en un comunicado conjunto de repudio de los dichos de Macri en Campo de Mayo así como de futuras acciones.
