A pesar de la muerte de dos pacientes –Matías Lamorte en 2015 y Franco Ruíz Díaz en 2013–, de las denuncias de graves violaciones de derechos humanos, por las que la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) presentó un hábeas corpus colectivo, y del pedido de clausura del Organo de Revisión Local de la Ley Nacional de Salud Mental, la Comunidad Terapéutica San Antonio sigue funcionando, con sólo una clausura provisoria por cuestiones edilicias y de hacinamiento. En tanto, el abogado de la familia Lamorte e integrante del Grupo de Litigio Estratégico (GLE), Yamil Castro Bianchi, adelantó que tras la feria judicial solicitará la reapertura de la causa “porque todo indica que la muerte de Matías fue un homicidio culposo”, similar, señaló, “a lo que ocurrió con Saulo Rojas, quien murió en el centro de rehabilitación San Camilo, y a cuyos responsables estamos llevando a juicio”.

El Centro de Recuperacion San Antonio, que cuenta con dos casas en el partido bonaerense de Pilar –la casa 1, en avenida Honorio Pueyrredón 3634, Villa Rosa, y la casa 2 en Del Viso, en Avenida Madero 2171–, es una de las más de cien entidades privadas que bajo la denominación de centros terapéuticos o granjas de rehabilitación ofrecen servicios para pacientes con consumos problemáticos, a los que el Estado y las obras sociales les pagan por las internaciones o tratamientos ambulatorios generando un negocio millonario.

Muchos de esos centros funcionan, según contó Pablo Galfré, muy lejos de lo que dicta la Ley de Salud Mental (garantiza los derechos de los pacientes) como sucedió en la clausurada Fundación San Camilo, donde falleció Rojas, y en la denunciada San Antonio. Galfré –autor de La Comunidad: Viaje al abismo de una granja de rehabilitación de adictos–, explicó que los centros de rehabilitación son dirigidos por ex pacientes que aprenden los rudimentos del negocio mientras están internados y luego montan sus propios emprendimientos, como es el caso de San Antonio.

Como muestra del entramado, Galfré detalló que los dos centros mencionados compartían un reclutador, y que quien fundó San Antonio es Nicolás Perrone, “sin ninguna formación profesional más que haber estado internado en San Camilo, alrededor de 2010, donde estableció relación con el dueño, Martín Iribarne, que va a juicio por la muerte de Rojas. Ahí aprendió las mañas del asunto, y hoy sigue dirigiendo la comunidad desde la cárcel de Batán donde está preso”. 

Según Galfré, otros personajes que coinciden en la trama “son el psicólogo Alejandro Jacinto –ex director Terapéutico de San Camilo, quien también va a juicio por el caso Rojas–, que fue psicólogo hasta 2016 en San Antonio. Y un empleado de seguridad que trabajaba en ambos centros. Hay una relación estrecha entre estas comunidades que se van pasando gente, que ponen una quinta donde hacen terapia dos veces por semana cinco minutos, después cortan el pasto y charlan sobre la adicción, y donde se muere gente”.

Una de esas muertes fue la de Lamorte, un marplatense de 30 años, que ocurrió el 31 de mayo de 2015, cuatro días después de ser internado.

Castro Bianchi explicó que “padecía una enfermedad respiratoria. Se estaba ahogando y cuando pidió ayuda lo llevaron hasta una mesa y le pusieron un ventilador y terminó muerto, porque lo cuidaban dos pibes de 15 años. No había un médico en la institución. La causa fue caratulada como muerte dudosa y archivada porque a la justicia no le llamó la atención que los responsables de la salud fueran dos chicos de 15. Estamos pidiendo la reapertura de la causa y ya hay medidas de prueba solicitadas porque en principio es un homicidio culposo, sin perjuicio de lo que surja de la investigación”, dijo el letrado.

Y remarcó que “con la causa de Rojas, que ya tiene elevación a juicio por homicidio culposo, rompimos ese esquema que desestima estos casos porque son ‘pibes faloperos’ y les mostramos lo que es una comunidad por dentro y que no tienen que vivir así, como Rojas, que era insulinodependiente y fue encerrado en una celda de castigo, lo llaman el engomado, con rejas”.

A principio de año, después de que el equipo del Programa de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria junto al equipo interdisciplinario del Organo de Revisión bonaerense realizaran una inspección a la casa 1, 

la CPM presentó un hábeas corpus colectivo. La presentación ante el Juzgado de Garantías Nº 6 pidió que se disponga “la clausura inmediata de la comunidad terapéutica San Antonio”, y exigió la “derivación de todos los usuarios a hospitales generales a los fines de que se evalúe la existencia de criterios para la internación, se proceda a la investigación de todos los hechos delictivos denunciados y se garantice la confidencialidad e intimidad de los denunciantes”.

La presentación señala que “algunos de los usuarios entrevistados refieren haber sido traídos a la institución por sus propias familias y bajo engaño. Otros, haber padecido el servicio de ‘internación’ que la propia institución ofrece a un costo de 6000 pesos... Los usuarios han descripto este servicio como una práctica de secuestro, sea el mismo en los propios hogares o en la vía pública. Todos ellos llevados a cabo por otros usuarios designados por la institución como ‘Operadores’ sin que mediare evaluación profesional que ameritara la internación. Que dicho secuestro se desarrolla de forma violenta”. Donde se los “reduce arrojándolos al suelo y llevando sus manos a sus espaldas para luego ser atados con una sábana y en algunas ocasiones ser inyectados con un sedante. Que luego de ello se los sube a un vehículo particular de personal de la institución y trasladados a la misma”.

El director del Programa de Salud Mental de CPM, Luis Onofri, explicó a este diario que “tras la inspección presentamos el hábeas corpus colectivo. Muchos son menores. Disfrazado de tratamiento de salud se constó desde privación ilegítima de la libertad hasta la aplicación de torturas. Está interviniendo la fiscalía 4 pero todavía no hay imputados. Además, pedimos la clausura inmediata de una de las casas, la 1, y Fiscalización Sanitaria les dictó la clausura provisoria. Y antes de la feria judicial solicitamos a la fiscalía que pida la efectivización de la clausura provisoria que había dictado Fiscalización”.

Sin embargo, hay un vacío legal por el cual el Ministerio de Salud de provincia dice que no hay normas de habilitación específicas, sólo un decreto del año 67, y una reglamentación muy elemental que excede el área de Fiscalización.

Ante la consulta de este diario, un vocero del Ministerio informó que si bien se observaron fallas en la cartelería, salidas de emergencia y seguridad interna, falta de documentación en las historias clínicas y más pacientes de los que tenía habilitados, se le dio tiempo para adecuarse a las normas, y por eso sigue funcionando.

Onofri advirtió que “hay que esperar a ver cómo avanza la fiscalía de Pilar, pero eso no es obstáculo para que después de la feria volvamos a presentar una denuncia”, y remarcó que “estos centros son todos iguales, son cárceles de pibes. Se asemeja a una pena por consumo, con castigos, donde tienen el único criterio de someter la subjetividad de la personas que deberían tratar”.