Más de 100 trabajadores de la salud de Rosario se congregaron en el lluvioso anochecer del jueves en La Toma para debatir estrategias para garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las usuarias del sistema de salud. En ronda, compartieron experiencias y preocupaciones de cara al 8 de agosto, y después. “Hay que entrar al Heca de alguna manera”, expresó Adriana, quien propuso promover consejerías en salud sexual en los centros de salud más refractarios. En el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, al que concurren muchas mujeres con complicaciones de abortos inseguros, el servicio de ginecología se declaró objetor de conciencia. Y si bien no hay registros de denuncias que prosperen, el hostigamiento a las mujeres se torna “una verdadera tortura”, según describió Pablo, enfermero de ese lugar al que describió como “el tren fantasma” para los derechos de las usuarias. Si bien hay un equipo externo que garantiza las interrupciones legales del embarazo (ILE), el clima institucional es hostil. “Hay situaciones que mientras no tomen estado público van a seguir existiendo. Tendríamos que generar lluvias de intervenciones para denunciar la criminalización de las mujeres”, planteó una de las asistentes. La intención de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que convocó la Asamblea, fue hacer visible la cantidad de personas comprometidas “a conciencia” en el acompañamiento a las mujeres y personas gestantes en sus decisiones.

“Nos sorprendió la convocatoria”, dijo Mariana Mascardi, una de las 50 integrantes de la Red en toda la provincia. “Somos un montón quienes acompañamos las decisiones de las mujeres”, dijo Maximiliano, médico generalista de la zona norte, y convocó: “Es fundamental que podamos empezar a difundir que esto lo hacemos en los centros de salud”, al tiempo que hizo una distinción entre “profesionales que son obstaculizadoras y otras que son objetoras”. En la ciudad, la provisión de anticonceptivos e interrupciones legales del embarazo es una política pública, aunque hay quejas por la falta de difusión de este derecho en todos los efectores.

“Esta coyuntura nos necesita”, expresó una de las integrantes de la Red. Si la idea era mostrar que hay muchas personas en el sistema de salud que ponen en crisis el modelo médico hegemónico para acompañar a las pacientes, lo que se logró además fue enlazar una multiplicidad de experiencias. “Nos llegan personas con situaciones de aborto que no están adscriptas a ningún centro de salud, son de clase media o universitarias. No sabemos si tuvo que ver el debate, pero derivamos a ocho personas”, contó Romina, trabajadora estatal, pero no del sistema de salud. En un sentido parecido fue el relato de Jorgelina, de un centro de salud del oeste de la ciudad. “Hace dos años se armó un equipo que llamamos equiplaser. Las instituciones tienen que ver con la gente que está. Hay lugares que la toman como un techo súper alto y otras la toman como un piso”, relató la mujer, quien consideró “valioso que --quizás ligada a la difusión del tema-- empezaran a llegar situaciones que pudimos tomar, cuando antes las rechazaban. No es que aumentaron los pedidos, sino que eran personas que antes los hacían por otro lado. Tuvimos 30 situaciones que acompañamos y otras 10 que desistieron”. Con toda crudeza, contó que “ligado a las condiciones de extrema pobreza que vive el barrio” hay muchas mujeres que optan por la Aspiración Manual Endouterina (Ameu), en lugar del misoprostol “Nosotras les hablamos de las pastillas y algunas viven en un rancho hacinadas y en el baño no tienen ni siquiera la posibilidad de mirar si expulsó”, dijo.

 “Quienes estamos acá somos quienes trabajamos a conciencia”, manifestó otra de las asistentes. “Se ven acá las caras de esa gente que realmente pone el cuerpo”, expresó Nerina, quien planteó la necesidad de que “la pregunta sobre si el embarazo es deseado o no surja en la primera consulta”.