Oscar Centeno aseguró ante la Justicia que los cuadernos en los que registró supuestos movimientos de dinero entre empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo fueron quemados “en la parrilla del fondo” de su casa, en el partido bonaerense de Vicente López.

En su presentación en los Tribunales Federales de Comodoro Py, antes de recuperar su libertad e ingresar en el Sistema de Protección de Testigos, el ex chofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta contó cómo destruyó los originales de los cuadernos en los que durante casi 10 años registró los presuntos movimientos de bolsos y cajas con dinero vinculado a sobornos en la obra pública entre empresarios y ex miembros del Gobierno, entre los que incluyó a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. "Los quemé en la parrilla del fondo de mi casa" en la localidad de Olivos, manifestó el "arrepentido" en su declaración ante el juez federal Claudio Bonadio.

Centeno había entregado los ocho cuadernos con anotaciones a un amigo, el sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, en "en septiembre u octubre del año pasado". "Me dijo: `Por favor, guardame esto´. Le pregunté qué tenía adentro y me dijo que tenía anotaciones de lo que hacía en el Ministerio. Me los entregó por confianza", contó el pasado viernes el ex uniformado, quien luego se contactó con un periodista de La Nación para dárselos en enero de 2018. Según Bacigalupo, el ex chofer de Baratta comenzó a reclamarle la devolución de los cuadernos luego de que su ex pareja, Hilda Horovitz, lo denunciara ante la Justicia.

Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, pese a la incineración de los escritos insisten en considerar que no es necesario tener los originales para avanzar con la causa en la que ya hay ex funcionarios y empresarios privados de su libertad, aunque muchos de los abogados defensores señalen que, por ahora, no han visto más “evidencia” que las fotocopias de los cuadernos, listas de chapas de automóviles, direcciones donde se supone que Centeno llevó y trajo funcionarios desde 2008 hasta 2015, y algunos registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos que podrían coincidir con las anotaciones. Mantener esas detenciones representa un potente elemento de presión, ya que la ley contempla la posibilidad de que se conviertan en arrepentidos y acusen a otras personas, lo que parece uno de los principales efectos buscados en esta causa, en pos de lograr una especie  de “Lava Jato” argentino.