Todos los bloques de la Cámara de Diputados, con la excepción de Cambiemos, firmaron un pedido conjunto que exhorta al Gobierno nacional a reincorporar a los 357 trabajadores despedidos de la agencia Télam y abrir una mesa de negociación para solucionar el conflicto. “Instamos a que, en el marco de un debido diálogo institucional, se dispongan las medidas que permitan retrotraer la situación para debatir los términos de la continuidad de la empresa”, solicitaron los bloques mayoritarios.

La carta pública con la firma de los jefes de las bancadas del Bloque Justicialista (Pablo Kosiner), del Frente Renovador (Graciela Camaño), del Frente para la Victoria (Agustín Rossi), el Frente de la Izquierda (Nicolás del Caño) y del Peronismo para la Victoria (Leonardo Grosso) se suma  la Conferencia Episcopal Argentina, Cáritas, la OIT, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Periodistas, las tres centrales sindicales y varias legislaturas provinciales. 

"Como representantes del pueblo y de las provincias, nos consta el valor que el servicio periodístico de Télam tiene para los medios y, consecuentemente, el perjuicio que la interrupción de ese servicio genera", advirtieron los legisladores al insistir con la apertura de una mesa de diálogo al presidente Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y al titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi.

La mesa de diálogo no es solo un reclamo político que se replica sino que tiene como respaldo la medida judicial dictada hace un mes por la justicia laboral. El juez Ricardo Tatarsky consideró "ilegales" los despidos decretados en la agencia estatal ante la falta de una proceso preventivo de crisis y ordenó la reincorporación de los trabajadores. La semana pasada, ante el incumplimiento por parte del Estado,  Tatarsky aplicó una multa de 5 mil pesos por día, por trabajador. 

"El gobierno sigue acumulando rechazos a su política de despidos masivos en Télam. Ni un sólo funcionario o legislador de Cambiemos se pronunció públicamente en respaldo a la política de Rodolfo Pousá y Lombardi", advirtieron los trabajadores de la agencia. 

La semana pasada, Lombardi volvió a rechazar los reclamos por las reincorporaciones, sostuvo que “no hubo un sesgo ideológico” y denunció “un ambiente de fuerte hostilidad y amenazas” de parte de los trabajadores que ocupan pacíficamente las instalaciones de los dos edificios de la agencia, a pesar de que tres inspecciones del Ministerio de Trabajo arrojaron que la permanencia en el edificio no impide el normal desarrollo de las actividades y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó abrir una causa por "usurpación" presentada por el Gobierno.