En la provincia de Santa Fe, durante el primer semestre de 2018, se realizaron 450 ILE de manera ambulatoria. Cuando hay mayores niveles de complejidad, en los hospitales se garantiza la atención, según datos difundidos por la ministra de Salud Andrea Uboldi. “En Santa Fe estos resultados son posibles por una decisión política que desde 2007 viene fortaleciendo a sus equipos de salud, mejorando la infraestructura edilicia y tecnológica para que la red funcione siempre centrada en las personas y sus derechos”, consideró la ministra y agregó: “Venimos trabajando fuertemente en la idea de la atención integral que pasa también por la preservación de los derechos de la mujer, la posibilidad de elegir un método anticonceptivo y la posibilidad de contar con un acompañamiento”, sentenció Uboldi. Su presencia el 8 de agosto en la carpa de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, donde se quedó un buen rato escuchando las experiencias de otras provincias, fue también un aliciente para quienes todos los días acompañan la decisión de las mujeres, sea cual sea. En el marco legal vigente, una concepción amplia de la salud implica que un embarazo no deseado significa un riesgo psíquico o social para la mujer o persona gestante. 

Santa Fe es una provincia extensa, con realidades geográficas y sociales diferentes. El gobierno del socialista Hermes Binner asumió en 2007 con el bagaje de la experiencia en la salud pública de la ciudad de Rosario, que él mismo gobernó entre 1995 y 2003. Rosario es la ciudad más importante de la provincia, y tiene casi un millón de habitantes. Allí, se creó una red de salud con 80 centros de atención primaria, con el objetivo de que nadie viviera a más de 15 cuadras de su centro de referencia. En 1997, una ordenanza pionera en el país estableció un Programa de Procreación Responsable que garantiza la provisión de anticonceptivos gratuitos. Con el impulso del movimiento de mujeres de Rosario, en 2007, la ciudad contó con la primera ordenanza de atención de abortos no punibles. Ese mismo año, en la ciudad de Santa Fe, Ana María Acevedo fue llevada a la muerte por la decisión de un grupo de médicos del hospital Iturraspe de negarle un aborto no punible y, porque estaba embarazada, el tratamiento a un cáncer de maxilar. Esa muerte, que movilizó al movimiento de mujeres, significó un hito. 

Con la llegada de Binner a la provincia, la dirección de Salud Sexual (en ese entonces con otro nombre), quedó en manos de Daniel Teppaz, que impulsó el modelo de Rosario en todo el territorio provincial. Y fue uno de los puntales del proyecto que hoy tiene en marcha el LIF.

Por otra parte, el misoprostol dista mucho de ser lo único que produce el laboratorio público provincial. En los últimos diez años, el proceso de modernización tecnológica y de capacitación implicó una ampliación en la capacidad de producción. “Consideramos importante que el estado intervenga en producción de medicamentos, no solamente por la generación de un insumo, como en este caso, que se transformó una herramienta en un sistema público, sino que también pensamos cuánto importa que el estado sepa de costos de producción, porque sirve para que pueda tomar decisiones sobre cuál tratamiento es el más útil, decisiones de compra. También tenemos los medicamentos que llamamos huérfanos, que no se encuentran en el mercado, porque no se producen, porque no generan ganancias o porque son para un solo paciente. En todo esto es fundamental la presencia de un estado con un área de producción pública de medicamentos”, apuntó Cleti. El LIF está “muy fortalecido” en el área de opioides (morfina y metadona). “Lo estamos entregando al Instituto Nacional del Cáncer, presentamos el mejor precio y volvemos a proveer. Ya habíamos entregado un millón de comprimidos con el gobierno nacional anterior. Y a la provincia de Buenos Aires le entregamos 800.000 comprimidos entre las dos fórmulas”, detalló.