Casi un millón y medio de niños no reciben ningún tipo de transferencia en dinero por parte del Estado por razones normativas o por problemas en el registro, según un documento emitido hoy por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Se trata del 10 por ciento del total de menores de 18 años, los cuales en su mayoría son de los sectores de menos ingresos. De los 13 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el país, el 90 por ciento recibe alguna transferencia del Estado: asignaciones familiares (39 por ciento las nacionales, 27 por ciento las contributivas provinciales y 3 por ciento pensiones no contributivas), la asignación universal por hijo (29 por ciento) o las deducciones del impuesto a las ganancias (5 por ciento). Percibir uno u otro beneficio depende de la forma en que están ocupados los padres y las transferencias tienen montos y requisitos diferentes, más exigentes para quienes menos recursos poseen. Por ejemplo, la deducción del impuesto a las ganancias se otorga, sin pedir nada a cambio, a los hogares de ingresos medios-altos y altos: el 93 por ciento de quienes pagan impuesto a las ganancias pertenece a los dos quintiles de mayores ingresos. La pobreza se concentra en las familias con niños, las más vulnerables, por lo que está infantilizada: el porcentaje de chicos y adolescentes bajo la línea de pobreza (39) supera con creces al de población mayor de 18 años en estas condiciones (20 por ciento), según los últimos datos disponibles, de principios de 2017. “El actual sistema de transferencias es ineficaz para revertir la situación de pobreza en la cual viven cuatro de cada diez menores de 18 años”, sostuvo el documento.