Affirmanti incumbit probatio
(El que afirma algo debe probarlo,
máxima jurídica en desuso en Brasil.)
El silencio del grupo Globo decide más que cualquier juez en Brasil. La táctica ahora es no informar sobre temas que sean imposibles de sostener sin apelar a la mentira. Y es por eso que no hay muchas líneas sobre la reciente decisión de la ONU reivindicando los derechos políticos de Lula. También pasaron por alto los “golpes blancos en América latina” de los que alertó el Papa Francisco durante una visita de brasileños al Vaticano. Pero, in dubio a favor del sospechoso, podría pensarse que las cámaras de la emisora contrajeron algún tipo de virus el día en que el PT registró la candidatura de Lula a la Presidencia. Lograron hermosas imágenes laterales y dejaron fuera de plano a unas 30 mil personas.
Vamos a hablar francamente: no necesitamos profesores de Derecho Internacional para explicar que la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU vincula, obliga y genera responsabilidades al Estado brasileño y sus poderes. Y para quienes sientan alergia por el Derecho Internacional, quedémonos con lo que hay en casa. Tenemos leyes de sobra para garantizar los derechos políticos del candidato, leyes constitucionales ampliamente respaldadas por la legislación de fondo. Eso sin contar con los antecedentes históricos, la jurisprudencia y la vieja y buena “prudencia” de no dejar caer derechos irrenunciables.
La decisión de la ONU refleja la legislación brasileña. Sintoniza con los derechos y garantías constitucionales y con la tradición democrática y responsable del derecho electoral que, incluso en los baches de la ley que castiga a quien no tiene “ficha limpia”, es cuidadoso con el derecho-síntesis más importante de nuestro sistema político: el derecho de votar y ser votado.
La decisión de la ONU complementa lo que ya tenemos. Pero también es una señal de alerta para el caso de que alguna autoridad haya olvidado aplicar la ley en el curso de un proceso no justo. En ese caso, que la autoridad se calme y respete esos derechos que no por casualidad se llaman “fundamentales”. ¿Esa autoridad tuvo un mal día? ¿Le agarraron ganas de llamar al carcelero de la Policía Federal de Curitiba y exigir el incumplimiento de una orden judicial? Si sufre de ese modo, recuerde que la ONU lo tiene entre ojos. Recuerde que la ONU actúa por la voluntad que expresó el Estado brasileño en 2009, cuando a través de un decreto legislativo adhirió al mecanismo de fiscalización universal de derechos civiles y políticos, Por eso la decisión de la ONU es de cumplimiento obligatorio. Se trata de un inmenso “cúmplase” que tiene jurisdicción sobre la responsabilidad de todo el Estado brasileño y no sólo sobre la de un juez que cometió un delito aunque aún no haya sido expulsado de su puesto.
Perdón si utilizo el sarcasmo cuando vivimos en el límite de lo aceptable y hasta hay gente haciendo huelga de hambre para que otros no padezcan como consecuencia de la crisis total que vive nuestro país. Pero a veces, ante altas dosis de cinismo, la ironía puede ser útil para desnudar a los principales responsables del agravamiento de la crisis democrática y soberana.
A los ojos del mundo, Brasil se transformó, entre todos los intentos en curso en América Latina, en el caso más escandaloso de persecución mediático-judicial a un líder político. Escandaloso porque se les fue la mano, exageraron y provocaron una fuerte reacción popular e internacional. El proceso de combate a la corrupción, preparado para enmascarar la trama buscando una supuesta “legitimación por el procedimiento”, fue desenmascarado desde el origen del llamado Caso Lula. Lo hicieron tanto la defensa del ex Presidente como los juristas sabios que identificaron y denunciaron lawfare y acciones de excepción en el sistema de Justicia.
Hoy es transparente el vínculo entre el golpe jurídico-mediático-parlamentario contra Dilma Rousseff y el activismo jurídico-mediático contra Lula. Ambos son procesos paralelos y complementarios que atacaron la democracia no sólo porque están en juego las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2018: también revelaron los límites dramáticos del modelo. Resulta que ahora, si se ata todo bien, incluyendo a los supremos, es posible derrocar presidentes o encarcelar candidatos para evitar la coronación de la democracia. Pero se olvidaron, entre tantas otras cosas, de una: los expertos de la ONU.
En los encuentros que hemos tenido con juristas y cientistas políticos de otros países, queda claro cuál es el mensaje que está transmitiendo el caso brasileño: un alerta para todos los países que viven la ilusión del acuerdo posible entre los valores liberales del (neo) constitucionalismo y los derechos de los pueblos históricamente despreciados. En el momento oportuno, cuando el mandamiento del (neo) contractualismo se resume en “no pactar con la democracia” –racionalidad posdemocrática– los elitismos, incluyendo el elitismo judicial, se levantan y castigan a los de abajo. Es en ese punto donde tendremos que enmarcar cualquier proyecto de reforma del Poder Judicial que se precie. Pero todavía es un asunto del futuro. Ahora, celebremos a la ONU.
La cautelar de las Naciones Unidas es muy buena para la resistencia democrática, ya que somos conscientes de que se trata de un punto de acumulación para fortalecernos y seguir. Como ya no creemos en la justicia, acompañemos así sea por diversión la decisión del ministro Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, cuando él arbitra la prohibición de los derechos inalienables de Lula a pesar de la decisión-espejo de la ONU. Barroso se va a comportar con la ONU como si fuera Cabo Daciolo, el bombero que es candidato del Partido Patriota, de ultraderecha y se tomó en serio el invento de la URSAL, una supuesta búsqueda de formar la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. Podrían formar un coro con Jair Bolsonaro, que considera a la ONU una guarida de comunistas.
En tren de imaginar la embarazosa situación que viven hoy los perpetradores del golpe y los que tienen en las manos el destino futuro –el destino del reclamo de “Lula libre” y el futuro de sus propias biografías– podría pensarse qué harían si pudiesen volver atrás en el tiempo. Quizás pondrían un poco más de cuidado. Quién sabe si no hubieran elegido un juez menos inquisitorial. Un ministerio público menos basado en un Power Point. Camaristas menos apresurados. Ministros de la Corte Suprema menos vanidosos. Grandes medios que, cuando engañan, lo hacen con algo de pudor. Hubieran aplastado al pueblo hasta el punto en que lo hicieron, naturalmente. Pero con elegancia.
* Abogada y doctora en Derecho. Profesora de Derecho Internacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Integrante de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, ABJD.
