Un grupo de representantes de 13 organismos defensores de derechos humanos se reunió el jueves con los obispos Oscar Ojea y Carlos Malfa, presidente y secretario de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), respectivamente. El encuentro se realizó en la sede de la institución eclesiástica y fue como consecuencia de una solicitud presentada por los organismos con la principal finalidad de dejar en claro la molestia existente a partir de las declaraciones del titular del obispado castrense Santiago Olivera.
Sin embargo, la agenda fue más amplia y tal como lo manifestó la propia Conferencia Episcopal en un comunicado “las organizaciones expresaron su preocupación por la vigencia plena de los derechos humanos en la Argentina y sus temores con respecto a la actual situación socioeconómica del país”.
En un comunicado los organismos participantes de la reunión señalaron que “en un cálido ambiente, hemos obtenido respuestas satisfactorias frente a cada uno de nuestros pedidos”. Según la CEA los visitantes “requirieron claridad en las palabras de la Iglesia con respecto al terrorismo de estado durante los años 1976-1983, expresando su rechazo a la ‘teoría de los dos demonios’”.
En una carta entregada a los obispos los organismos presentes señalaron expresamente “nuestro hondo malestar frente los conceptos vertidos por el obispo castrense Santiago Olivera en su artículo ‘¿Esto es justicia?’ publicado el 16 de agosto en el diario La Nación”. Allí el obispo sostuvo que “la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional”. En la misma nota Olivera afirmó que “no podemos mirar la historia con un ojo solo”. Los dichos del obispo castrense generaron diversas manifestaciones de repudio provenientes de la propia Iglesia, el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe se dirigió directamente al Papa Francisco para solicitarle la remoción de Olivera y ahora los organismos de derechos humanos sostienen terminantemente que “el obispo falta a la verdad” y piden que se retracte.
En la reunión la Comisión Ejecutiva reiteró una declaración del pasado 6 de marzo en la que expresó “la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el Terrorismo de Estado durante los años 1976-1983”. Algunos trascendidos indican que los dichos de Olivera generaron malestar también en la cúpula de la Conferencia que sin embargo no tiene potestad institucional para actuar sobre el titular castrense. Más allá de ello Ojea y Malfa prometieron que se reunirán con Olivera para dialogar sobre el tema y transmitirle la posición de los organismos defensores de los derechos humanos.
De manera particular Abuelas de Plaza Mayo, a través de su presidenta Estela de Carlotto presente en el encuentro, solicitó que se agilice la entrega de los registros de bautismos realizados en la ESMA durante la dictadura militar, así como en las capillas de Campo de Mayo y en la parroquia de Bella Vista, donde se supone que pueden haber sido bautizados niños secuestrados a madres detenidas en centros clandestinos. En una carta entregada a Ojea también se pide acceder a los libros de bautismo de la Base Naval de Puerto Belgrano, de la Capilla Stella Maris (CABA) y de “otros lugares que de alguna manera u otra tienen una conexión territorial con guarniciones, destacamentos o miembros de las fuerzas armadas vinculadas a la represión ilegal contra la población civil durante la última dictadura militar”.
Otro pedido formulado a los obispos está relacionado con la situación eclesiástica del cura Christian Federico Von Wernich, quien “usó su posición dentro de la Iglesia Católica para vulnerar la vida, la integridad física y la libertad de personas en situación de extrema vulnerabilidad, y procuró garantizar la impunidad de los responsables de los más graves crímenes”. En concreto se solicitó a las autoridades de la CEA que se le impida a Von Wernich, condenado a cadena perpetua, seguir ejerciendo su ministerio sacerdotal, teniendo en cuenta que continúa cumpliendo esas funciones en la cárcel.
En su comunicado los organismos defensores de derechos humanos expresaron que “la reunión ha resultado muy provechosa” y manifestaron su deseo de que “los canales de diálogo se estrechen cada vez más para acceder a información que nos permita saber algo sobre el destino de nuestros seres queridos: los 30 mil detenidos desaparecidos y los más de 300 hombres y mujeres que aún estamos buscando”.
Los organismos que participaron en la reunión son Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Asociación Buena Memoria; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; APDH La Matanza; Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
