A trece meses de la desaparición de Santiago Maldonado, la Justicia se dispone a realizar el peritaje del DNI que apareció cuando encontraron el cuerpo, el 17 de octubre pasado. Lo harán con tres documentos ficticios elaborados con los mismos materiales que los verdaderos, según los datos que aportó al INTI el Ministerio del Interior, y con agua tomada del río Chubut pero filtrada. La familia ya impugnó la medida porque la considera nula, cualquiera sea el resultado, en el entendimiento de que se rompió la cadena de custodia del DNI de Santiago en el momento en que se lo entregaron en la Morgue Judicial. Sin embargo, expresaron en varias oportunidades que sospechaban de las razones por las cuales el documento, así como el resto de los elementos encontrados en los bolsillos del pantalón del joven tatuador, estaban en buen estado de conservación, mientras que según la autopsia habrían estado sumergidos en el río más de un mes. 

Por otra parte, la querella de la APDH solicitó al juzgado que pida a la Procuración de Violencia Institucional (Procuvin) el informe del caso que el procurador Eduardo Casal cajoneó en lugar de enviarlo al expediente, tal como consignó PáginaI12, con el detalle de la cacería que desplegó Gendarmería el 1 de agosto en territorio mapuche recuperado en Cushamen.

En diálogo con este diario, el abogado Mauricio Rojas dijo que pidió al juzgado federal de Gustavo Lleral la inmediata remisión del informe para que sea incorporado al expediente en el que se investiga la desaparición forzada de Maldonado. 

“Por otro lado, en virtud de tratarse la Procuvin de una oficina especial de violencia institucional del Ministerio Público Fiscal, con las implicancias penales que podría derivar su informe tanto en la eventual calificación penal de la conducta desplegada por Gendarmería como también a fin de descartar obstrucciones a la investigación, solicitamos que además del informe se pida a ese organismo el estudio completo y también a quien fue remitido el mismo con el fin de evaluar toda la situación en conjunto”, dice el escrito que envió el abogado de la APDH al juzgado de Lleral en Trelew. A su criterio, “la línea de investigación que apunta a ventilar todas las ilegalidades cometidas antes y durante el asalto de Gendarmería al territorio mapuche son las tareas pendientes por las que aún no se avanzó nada”, y, en tal sentido “la hipótesis que el asalto a la Pu Lof fue premeditado y como consecuencia de ello resultó la muerte de una persona, es de una gravedad tan extrema que sin dudas debería derivar en reproches penales”. El informe fue revelado por el periodista Sebastián Premici, en su libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado, y reproducido en PáginaI12.

Rojas recordó que, en febrero de 2016, en Bariloche, “zona de importantes comunidades mapuches, el Ministerio de Seguridad anunció que cambiaba el protocolo de la protesta social, quitó la prohibición expresa del uso de armas de fuego y al año siguiente introdujo la flagrancia”. Por lo tanto, no sería casual que “en la misma zona hayamos tenido dos muertos, uno como consecuencia del uso de una supuesta flagrancia, como fue Santiago, y otro asesinado por la espalda, como Rafael Nahuel. Dos tragedias con un mismo hilo conductor que la Justicia debe investigar con profundidad”.

En tanto, el Ministerio del Interior ya proporcionó tres ejemplares de DNI con fotografía e inscripciones de nombres y datos ficticios “con la finalidad de realizar pruebas de durabilidad sobre los mismos de la manera más fidedigna posible”. El objetivo es someter esas tres copias a condiciones similares a las que se estima que pasó el cuerpo del artesano, que estuvo desaparecido durante 78 días y falleció, según la autopsia, por “asfixia por inmersión coadyuvada por hipotermia”. La familia fue tajante al cuestionar que estas pruebas “no se están realizando en las mismas condiciones en que se encontró el cuerpo el 17 de octubre porque no se hace en el lugar del hecho, que es el río Chubut (sino en el INTI) y porque aún se desconocen las circunstancias de la desaparición seguida de muerte de Santiago”. La prueba del DNI se hizo sin tener en cuenta que el mismo estaba dentro de un pantalón, se hizo con agua del río Chubut, pero luego de haber sido filtrada y a una temperatura que no sería la misma que cuando Santiago perdió la vida. El cuestionamiento fue respondido con una negativa del juzgado de Lleral a modificar las condiciones de la prueba. Tampoco fueron incluidos los demás elementos que aparecieron en los bolsillos del pantalón del joven tatuador. “Seguimos insistiendo en la necesidad de convocar un equipo de expertos independientes para poder llegar a la verdad y obtener justicia”, concluía el comunicado que emitió la familia el 11 de julio.