Antonio Gambacurta debió enfrentar por fin a uno de los fiscales rosarinos que lo imputó por hurto de energía, luego de los procedimientos en varias propiedades ocurridos en la segunda semana de mayo de este año, varias de las cuales funcionaban como pensiones truchas. El último jueves el fiscal Gustavo Ponce Asahad imputó al sospechado por 24 casos de hurto de energía, que generó una estafa de más de diez millones de pesos a la Empresa Provincial de la Energía. En ocasiones anteriores Tony había eludido su presentación argumentando problemas con su audífono. Por eso el fiscal lo intimó a que en caso contrario lo haría comparecer con la fuerza pública. Es que Tony Gambacurta no es un personaje menor: está en el centro de una investigación por lavado de activos que rondaría los 70 millones de pesos, planteado en esos términos por otro de los pesquisas, el fiscal Matías Edery.
“Esta causa la recibí hace algunos meses después que la trabajara la fiscal Verónica Caini y dispusimos allanamientos en distintos domicilios donde funcionaban pensiones sin habilitación, y donde se constató la conexión ilegal a la red de fluído eléctrico” explicó Ponce Asahad a Rosario/12.
El fiscal detalló que fueron ”más de ocho domicilios en distintas zonas y en residencias particulares. Además de su casa, que fue allanada y en la cual se hicieron tres constataciones en tres momentos distintos, dejando constancia del delito por el cual terminaron imputadas cinco personas por 24 casos puntuales”.
Ponce Asahad explicó que “el perjuicio a EPE es de más de diez millones de pesos, pero como el hurto es excarcelable todos fueron a la audiencia imputativa en libertad”. Sin embargo aclaró que habida cuenta de que son 24 los hechos concretados en concurso real, sin duda habrá que analizar a futuro la condicionalidad de la pena.
“Es una causa especial y voluminosa, y su importancia radica no sólo en el monto del fraude por el robo de energía, sino por la existencia de una conexión ilegal que puso en riesgo la seguridad de las personas que la concretaron y las habitaron esos lugares, así como por el daño económico a la empresa de electricidad”.
Cabe recordar que la segunda semana de mayo y tras una investigación que llevó al menos dos años, se realizaron nueve allanamientos en seis pensiones, un estudio jurídico -de Montevideo al 2300- y dos viviendas particulares. Uno de los delitos investigados era el lavado de activos por unos 70 millones de pesos, así como irregularidades con las personas alojadas y hurto de energía.
Los procedimientos habían tenido lugar en Santa Fe al 4300, dos en Cochabamba y Avellaneda, Constitución al 1500, Zeballos al 3700, Benegas al 7800, Carranza al 800, Kay 170 y Montevideo al 3700.
El comisario Víctor Martínez, a cargo del operativo, había detallado que "se secuestraron en las viviendas particulares 400 mil pesos, documentación, material informático y 135 mil pesos más 11 mil dólares en otro de los lugares allanados".
El diputado provincial Héctor Cavallero lo venía denunciando desde hacía diez años. "Gambacurta es un tipo pesado, lo denuncié por las pensiones truchas y hasta logré evitar que abriera un puticlub en Colombres y Córdoba. Todo fue muy difícil por la complicidad de la seccional 17, a la cual denuncié ante la justicia con papeles y testimonios, a pesar de lo cual nunca pasó nada".
