PáginaI12 En Perú
Desde Lima
Otro miembro del clan Fujimori va a prisión. Un juez ordenó la detención preliminar de Keiko, hija y heredera política del ex dictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción. La decisión fue tomada en el marco de una investigación fiscal por lavado de dinero para encubrir aportes ilegales de campaña electoral relacionados con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht. En diez días un juez decidirá si Keiko queda presa con detención preventiva, que podría darse por dieciocho meses, o si se la libera mientras continúa el proceso judicial. La fiscalía ha pedido la detención de Keiko porque asegura tener pruebas que la inculpan como cabeza de una organización criminal para lavar dinero y por considerarla una medida necesaria para que no se obstruya el proceso o la implicada fugue. También se ordenó la captura de otras diecinueve personas por este mismo caso.
En una semana fatal para el fujimorismo, la detención de Keiko se da exactamente una semana después que otro juzgado dispuso la anulación del indulto a su padre, con lo cual el ex dictador, que permanece en una clínica aduciendo un supuesto mal cardiaco, debe volver a prisión, y tres días después de su abrumadora derrota en las elecciones regionales y municipales del último domingo.
Poco después de ser detenida, Keiko puso en su Twitter la foto de un texto escrito a mano por ella en el que dice haber sido detenida “sin pruebas en mi contra”, algo que la realidad de la investigación fiscal desmiente, y relacionó su captura con la anulación del indulto a su padre para hablar de “persecución política”. “Me han perseguido hace 18 años”, se victimizó, refiriéndose a investigaciones anteriores que la vinculaban con la gigantesca corrupción del régimen de su padre, en el cual ejerció como primera dama. Keiko fue detenida en la fiscalía, a la que llegó para rendir una declaración. Luego fue trasladada, esposada y con un saco tapando sus manos, a la Prefectura, donde quedó recluida.
La captura de Keiko fue ordenada por el juez Concepción Carhuancho, el mismo que dispuso la detención preventiva de los ex presidentes Alejandro Toledo, con un pedido de extradición planteado a Estados Unidos, y Ollanta Humala, que pasó nueve meses en prisión antes de ser liberado por orden del Tribunal Constitucional (TC), que en abril pasado declaró excesiva su detención preventiva, ambos procesados por recibir pagos ilegales de Odebrecht. Carhuancho también decidirá si Keiko queda o no presa con detención preventiva. La decisión del TC a favor de Humala, que en su momento fue duramente atacada por el fujimorismo, hoy puede jugar a favor de Keiko.
Altos funcionarios de Odebrecht, entre ellos el propio Marcelo Odebrecht, quien era el máximo jefe de la constructora de propiedad de su familia, han confesado ante las autoridades judiciales que entregaron un millón doscientos mil dólares a Keiko para su campaña electoral de 2011. Un millón de dólares fue entregado en efectivo a dos emisarios de Keiko: Jaime Yoshiyama, entonces secretario general del partido fujimorista, y Augusto Bedoya, ambos ex ministros de la dictadura de Alberto Fujimori. Bedoya también fue detenido ayer. Yoshiyama se encuentra prófugo. El fiscal del caso, José Domingo Pérez, acusa a la jefa del fujimorismo de lavar ese millón de dólares no declarado para encubrir su origen ilegal a través de aportantes truchos a la campaña y de cócteles para recaudar fondos, en los cuales se reportaban supuestos exorbitantes ingresos y de los que no se conoce a sus asistentes.
Keiko también es investigada judicialmente por otros sospechosos aportes a sus campañas de 2011 y 2016 relacionados con empresas offshore y por otro caso de lavado por 15 millones de dólares, en el que es investigada junto con el ex congresista y ex secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, personaje investigado por la DEA, el organismo antidrogas de Estados Unidos.
Congresistas fujimoristas salieron en bloque a defender a su jefa y repitieron lo de “persecución política” y “detención ilegal”. Desde otros sectores defendieron la legalidad de esta medida y la tomaron como un paso contra la impunidad. Entre los fujimoristas hubo caras de velorio y mensajes de amenaza. Los herederos de la dictadura de Fujimori hablaron de “día nefasto para la democracia” y de golpe de estado, y amenazaron con salir a las calles para exigir la liberación de Keiko. Ayer, menos de un centenar de personas salieron a respaldar a Keiko.
El fujimorismo no parece tener el respaldo para importantes movilizaciones callejeras, pero sí tiene una mayoría parlamentaria que ya se moviliza para presionar por la liberación de quien llaman, casi con sumisión, “la jefa”. En el Congreso esa mayoría viene protegiendo de una destitución al fiscal general Pedro Gonzalo Chávarry, acusado de pertenecer a una mafia judicial que vendía sentencias y con la que se ha vinculado al fujimorismo. Desde su cargo, en un intercambio de favores e impunidades, Chávarry podría usar su poder para intentar salvar a Keiko.
La captura de la jefa del fujimorismo se da cuando la popularidad de quien en 2016 estuvo a pocos votos de llegar a la presidencia y obtuvo una mayoría parlamentaria absoluta para su partido Fuerza Popular, se ha desplomado a 11 por ciento, y su rechazo supera el 80 por ciento. La prepotencia y el obstruccionismo de su mayoría parlamentaria y las denuncias de corrupción le han pasado factura. El futuro de Keiko y del fujimorismo han ingresado a una etapa de incertidumbre. Pero todavía tienen armas para buscar impunidad.
