Las oficinas de la transnacional italiana Techint en Buenos Aires fueron allanadas ayer por orden del juez federal Sebastián Ramos. El operativo en la torre de Bouchard al 500, a cargo de la policía porteña, fue para secuestrar documentación en el marco de una investigación por el pago de sobornos millonarios a funcionarios brasileños para acceder a la construcción de la central nuclear Angra 3, en Río de Janeiro. La medida se produjo cinco días después de la cordial indagatoria a Paolo Rocca en la causa de las fotocopias que gestiona el juez Claudio Bonadio.

La causa, derivada del Lava Jato, se inició el año pasado a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Dinero (Procelac), que estableció que la empresa de Rocca, a través de la filial Techint Engenharia e Construção (Tebra), integró un cartel de quince constructoras que se repartían obras millonarias. Según publicó Perfil, la investigación puso en la mira de la Justicia a Ricardo Ouriques Marques, director general de Tebra, a Carlos Bacher, CEO de Techint Ingeniería y Construcción en Argentina, y a Ludovico Rocca, sobrino de Paolo.

Las licitaciones de la usina, encargada por la empresa estatal Electrobras Eletronuclear y que pertenece al Centro Nuclear Almirante Alvaro Alberto, se hicieron entre 2012 y 2013 y se adjudicaron en 2014. Según documentos de la causa Lava Jato, los sobornos fueron de 30 millones de reales (10 millones de dólares), que equivalen al uno por ciento de los contratos. Las  coimas se habrían destinado al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del actual presidente Michel Temer, y a funcionarios de la empresa pública, según declaró el empresario Dalton Avancini, que presidía Camargo Correa, una de las socias de Techint. Avancini explicó que las licitaciones estaban direccionadas para que dos grupos de empresas ganaran las obras: mientras Techint se alió con EBE y Queiroz Galvao en el consorcio Angra03, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, UTC y Odebrecht formaron Una03. También contó que en una reunión en UTC en agosto de 2014 acordaron el pago de “propinas” a los funcionarios; en la reunión Techint estuvo representada por el brasileño “Ricardo Ourich u Ourique”, que sería Ricardo Ouriues Marques, director general de la compañía en Brasil.

En junio de 2017, cuando se informó sobre la denuncia, voceros de Techint afirmaron que su filial en Brasil “es una sociedad independiente y autónoma con sus propios órganos de administración y su propio estatuto de control”. El avance de la investigación sugiere que el juez Ramos coincide con la Procelac en que esa oficina actúa bajo el paraguas de la central regional porteña de Techint, que tiene sus sedes centrales en Milán y Luxemburgo.