La contraprueba de la acusada

El abogado defensor de la fiscal María Laura Martí confirmó que su defendida “tiene el derecho” de ofrecer en su descargo que en una audiencia pública, ante un juez de Tribunales, y con acceso de la prensa, se puedan escuchar los “300 CD con escuchas telefónicas” legales que se grabaron en la investigación a jefes y cuadros de la Policía de la provincia, que luego derivó en una pesquisa al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Según Martí, una parte de esos archivos “involucran a altos funcionarios políticos y altos funcionarios de la Fiscalía General y del Ministerio Público de la Acusación”. “Toda persona que es imputada en un proceso penal tiene toda la libertad de ofrecer toda la prueba que considere pertinente que hace a su derecho de defensa. Es algo que analizaremos y llegado el caso así se solicitará”, dijo el penalista Alejandro Otte a Rosario/12 acerca de los próximos pasos que planea dar Martí en su defensa.

Los 300 CD quedaron en foco en la reciente audiencia imputativa a Martí en la que sus colegas de Rosario Juliana González y Gustavo Ponce Asahad la imputaron por supuesta “falsedad ideológica”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes” en una causa que investiga la filtración de las escuchas a Pullaro. El otro investigado es el fiscal Roberto Apullán, que está en el exterior.

Martí dijo que ella declaró ante los fiscales González y Ponce Asahad por “consejo de su abogado”, pero que se reservó el “derecho” de ampliar el descargo “ante un juez” en Tribunales, para “garantizar una audiencia pública a la que puedan acceder la prensa y mis compañeros fiscales y se pueda escuchar los 300 CD y las constancias” de la investigación al ex jefe de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez, que puso bajo la lupa a Pullaro. La audiencia imputativa a Martí fue secreta, se realizó a metros del despacho del fiscal general Jorge Baclini y sólo pudieron acceder Pullaro y sus abogados. Los quince fiscales que se habían convocado para saber de qué se la acusa a su colega tuvieron que esperar afuera.

Otte dijo que los cargos que se le reprochan a la fiscal Martí “están relacionados con el ejercicio de la función. Igualmente, la imputación desde mi punto de vista –interpretó el letrado- puede resultar hasta un tanto confusa. Por eso, consideramos que lo mejor era llevar adelante un descargo en esta instancia, pero reservarse hasta tener toda la documentación y todos los elementos” de la causa. “Dicho sea de paso, el legajo no está a disposición” de la defensa. “La causa se la llevaron nuevamente a Rosario y esperamos cuanto antes tener acceso a toda esa información para poder ejercer el derecho de defensa en juicio en forma real”, explicó.

-- La fiscal Martí dijo que quiere declarar ante un juez para que se revele toda la prueba y se escuchen los 300 CD con las grabaciones telefónicas –le planteó este diario.

-- Lógicamente, está en su derecho como imputada. Toda persona a la cual se le atribuye un delito, que es imputada en un proceso penal tiene toda la libertad de ofrecer toda la prueba que considere pertinente que hace a su derecho de defensa. Es algo que analizaremos y llegado el caso así se solicitará –respondió Otte.

Acerca de los 300 CD con las escuchas, Martí dijo que los entregó por orden del fiscal regional Carlos Arietti cuando éste los desplazó de las investigaciones a Pullaro, y al intendente de Santa Fe, José Corral. “El 26 de octubre de 2017 fui convocada al MPA para que abriera cajones que estaban con llave y bajo resguardo porque esta investigación tenía peligro de quema y de robo dentro de la Fiscalía. Entregué más de 300 CD en crudo, que formaban parte de la investigación de las horas Ospe y del caso Rodríguez. Más documental” de las causas que estaba en su despacho. “Todo fue entregado a un subordinado” del fiscal Arietti, el subsecretario Santiago Lemos, que “estaba con dos empleados de la Fiscalía de Delitos Complejos, que había sido creada casualmente al día siguiente de la detención del señor Rodríguez, donde se radicaron esos legajos: la investigación de la causa Ospe y la causa Rodríguez”.