La activista hondureña Berta Cáceres luchó durante años para proteger los ríos y las comunidades indígenas del suroccidente de Honduras de la amenaza del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y pagó con su vida en 2016. Más de dos años después, el proyecto, manchado por su sangre, fue suspendido, pero ¿a qué costo?

“De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), caminando con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. ¡Despertemos¡ ¡Despertemos Humanidad¡ ¡Ya no hay tiempo! Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.

Con estas palabras, Berta Cáceres, recibió en 2015 el Premio Ambiental Goldman, que reconocía su defensa de los territorios en la comunidad de Río Blanco y de las aguas del Río Gualcarque, donde se encontraba el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ejecutado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

La industria extractiva o de energía no renovable es solo una de las manifestaciones del poder corporativo. Sus excesos resultan generalmente en conflictos, a menudo sangrientos, con las comunidades afectadas, a la vez que generan una degradación ambiental que no es reversible, o de serlo, llevaría cientos de años. También deja al desnudo el desequilibrio de poder entre las corporaciones y las comunidades locales, lo que obstruye el acceso de las personas a la justicia, ya que en muchos casos, las corporaciones cuentan con la complicidad de las autoridades locales o los estados.

Ese era el tipo de poder al que se enfrentaba Berta. La única manera de parar su fuerza incansable fue asesinarla. En la madrugada del 3 de marzo de 2016 sicarios entraron a su casa cuando estaba durmiendo y la ultimaron a balazos. El COPINH y la familia de la defensora sostienen que aquellos fueron contratados por DESA y que actuaron con complicidad del estado hondureño.

Lo que no sabían los asesinos es que Berta no se acabó en su muerte. Se multiplicó en cada mujer y hombre de su pueblo que continuaron la tarea emprendida por ella y el COPINH: oponerse y resistir a la implementación de Agua Zarca, ya que lo consideraban una gran amenaza contra el patrimonio cultural, natural y económico del pueblo Lenca.

A mediados de julio de este año se conoció la noticia que el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) decidieron retirar su apoyo al proyecto hidroeléctrico. Sin duda, esta es una victoria, pero una victoria cubierta con la sangre de Berta.

Gracias a activistas como Berta y a organizaciones de la sociedad civil que exigen a las empresas que respeten la consulta previa a los pueblos de las zonas donde piensan realizar sus proyectos, que sigan estándares para no afectar el ambiente y que no incurran en violaciones a derechos humanos, algunos inversores han comenzado a retirar fondos de proyectos que consideran no están cumpliendo esas exigencias.

Un ejemplo es reportado por la Campaña contra la minería de aguas profundas: Anglo American decidió retirar los fondos de un proyecto liderado por la compañía canadiense Nautilus Minerals para extraer oro y cobre del mar de Bismarck, situado frente a la isla de Nueva Guinea.

En ese caso, como en otros pocos, a diferencia de Agua Zarca, la decisión no se debió al asesinato de activistas.

Ni DESA ni los inversores reconocen que fueron las muertes las que los obligaron a dar marcha atrás, pero admiten que el cierre del proyecto “contribuirá a la reducción de conflictos en la zona”.

En Honduras y en varios países se cometieron otros asesinatos y ataques, pero esos crímenes permanecen impunes y las obras siguen adelante.

A menudo, las defensoras que confrontan a las industrias extractivas no solo desafían al poder corporativo, también enfrentan al patriarcado fuertemente arraigado en sus comunidades. Como consecuencia, son atacadas como defensoras de derechos, de la tierra y de los recursos naturales, y como mujeres que desafían las normas de género.

Las mujeres experimentan todas las dificultades de lxs defensorxs de derechos humanos, pero además lidian con la violencia y los riesgos específicos de género.

En el informe Defensoras de derechos humanos confrontando a las industrias extractivas, producido por AWID, compañeras de camino de Berta describieron obstáculos para la participación en los procesos de toma de decisiones en sus comunidades y frente a las corporaciones, criminalización, estigmatización, militarización de las zonas donde viven, y muchas veces marginación dentro de sus propios movimientos y comunidades.

Mientras tanto, la justicia para el crimen de Berta sigue pendiente.

 

* Poeta y periodista. Trabaja para el área de Información, Comunicación y Media de AWID.