Un simulacro de juicio por jurados en la Unidad penal 48 de San Martín
Una práctica en la piel del otro
Un jurado compuesto por nueve detenidos –uno de ellos hipoacúsico y otro no vidente–, dos integrantes del SPB, miembros del Poder Judicial y de la Procuración Penitenciaria juzgó un caso de femicidio y emitieron una condena.
La actividad se desarrolló en el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín.La actividad se desarrolló en el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín.La actividad se desarrolló en el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín.La actividad se desarrolló en el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín.La actividad se desarrolló en el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín.
La actividad se desarrolló en el Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín. 
Imagen: Leandro Teysseire

“Escuché los testimonios y me fui armando una película, un cortometraje”. De ese modo, un interno no vidente de la Unidad Penal 48 de San Martín explicó, de manera sencilla, cómo hizo para “entender todo” lo que pasaba en un simulacro de juicio por jurados. En el “todo” incluyó las imágenes que se fue armando para unir tonos de voz con la gestualidad. El tribunal inclusivo de doce personas fue integrado también por otros nueve detenidos, uno de ellos un hipoacúsico que recibió información por medio del lenguaje de señas, y dos integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).  La actividad organizada por la Asociación de Pensamiento Penal (APP), tuvo como actores, desde el juez –el único que mantuvo su rol habitual– hasta el imputado, pasando por el fiscal y los defensores, a miembros del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. El caso, un femicidio, terminó con una condena que intentó un difícil equilibrio entre agravantes y posibles atenuantes.

La actividad se desarrolló en el Centro Universitario que conforma un espacio de libertad gestado por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), para abrir futuros horizontes a los internos del complejo penitenciario compuesto por las Unidades 46, 47 y 48. Además de los que integraron el jurado popular, en el recinto estuvieron presentes decenas de detenidos-estudiantes, que demostraron tener –a fuerza de golpes de la vida– conocimientos de la jerga judicial. A Ernesto, uno de los internos mezclados entre el “público”, le faltan apenas doce meses para cumplir la condena -el “apenas” corre por cuenta del que opina desde afuera- y cree que ahora está “preparado” para volver con su familia y emprender una nueva vida. Ernesto ya rindió 12 materias de la carrera de Sociología, que espera terminar en la Unsam, “en libertad, como cualquier universitario”.

La actividad entusiasmó a todos, pero mucho más a los internos, que vieron en sus compañeros jurados populares, una reivindicación, casi una absolución. El proceso fue conducido por el juez de Necochea Mario Juliano, mentor de los juicios por jurados, quien cumplió el rol de magistrado.  “Esta es una experiencia de integración, para que los internos conozcan el proceso penal desde otro lugar, es una forma de demostrar que no es necesario saber derecho para llegar a un veredicto. Si se aplica la lógica de lo que pasa en un juicio, cualquier persona puede ser jurado”. La novedad de este simulacro de juicio, es que ninguno de los 12 jurados podría serlo en un proceso real, porque la ley 14.543 de la provincia de Buenos Aires, que regula este tipo de juicios, margina tanto a los presos como a los penitenciarios. 

La norma legal señala, además, que los ciudadanos, para poder ser jurados, deben “gozar de aptitud física y psíquica suficientes”, mención que deja afuera a los no videntes y a los sordomudos. En el simulacro de juicio, el acusado, que entró esposado a la sala de audiencias, fue interpretado por Ariel Cejas Meliare, adjunto de la Procuración Penitenciaria nacional. Como fiscal actuó el defensor general de San Martín Andrés Harfuch, mientras que la defensa estuvo a cargo de la fiscal de Lomas de Zamora Marcela Dimundo y del asesor legal del SPB Esteban Barrionuevo.

Se trató el “caso” de Belisario Galán, un desocupado alcohólico que solía ejercer violencia de género sobre su mujer, María Magdalena, quien también solía ahogar en la bebida una vida de penurias. La noche trágica del 3 de marzo de 2017, durante una nueva discusión de la pareja, Belisario golpeó supuestamente a su mujer –no hubo testigos–, que al caer golpeó la cabeza contra un mueble y falleció. Los jurados, luego de escuchar al hijo del matrimonio, a una perito y a un vecino, tuvieron que decidir entre la condena por femicidio que solicitó el fiscal, o una de las dos alternativas que planteó la defensa, la absolución lisa y llana, o que se lo declarara culpable de homicidio preterintencional. Es decir, un homicidio provocado por un hombre que tuvo intención de hacer un daño, pero no de provocar la muerte. 

La enfática defensora Dimundo (todos la animaron a dejar la fiscalía), recalcó que “si es verdad que mi defendido le pegó una piña, no tuvo la intención de matar”. Los miembros del jurado, luego de deliberar en una sala contigua, resolvieron que Belisario fue culpable de “homicidio preterintencional”.

Más allá de la valoración que se haga del fallo, lo que importó, como dijo uno de los jurados, fue de mostrar que “personas del pueblo pueden juzgar desde otro lugar, cuando todos sabemos que la justicia profesional muchas veces condena a los pobres y absuelve a los ricos”. El procurador Cejas Meliare confesó que se había puesto “en la piel del acusado ebrio, desocupado y violento, que recién en la cárcel pudo empezar a tratar su alcoholismo y a trabajar, por un sueldo mínimo, algo que no había podido lograr por años cuando estaba en libertad”. La moraleja del juicio, la aportó Juliano como cierre: “Hay que humanizar el proceso judicial y eso se logra, como ocurrió en este juicio, cuando uno se pone en el lugar del otro y empieza a ver mejor lo compleja que puede ser una causa y la tarea de aplicar justicia”.

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