El presidente Mauricio Macri aseguró que el traspaso de parte de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad permitirá mejorar la “seguridad” para dar “respuestas a las víctimas” haciendo que la tarea de poder del Estado sea “más eficiente, más cercana y más dinámica”. Lo dijo al firmar el convenio respectivo en la Casa de Gobierno con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Los porteños van a poder dirimir sus conflictos de la vida diaria a través de un Poder Judicial propio”, dijo el Presidente, y expresó su confianza en que tanto la Legislatura porteña como el Congreso Nacional ratifiquen el convenio. “La Justicia también tiene que tener herramientas de evaluación para tener resultados y que las cosas no se dilaten”, agregó sobre esta iniciativa que es resistida tanto por los magistrados como por los empleados judiciales.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó el traspaso como “un paso muy importante para seguir trabajando para brindar mayor seguridad a la gente”, y subrayó que los empleados “no perderán ninguno de sus beneficios”. El traspaso tuvo el rechazo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN)y de entidades como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que la calificaron como un “desguace” de los tribunales nacionales. 

Para Rodríguez Larreta, la transferencia formalizada ayer “va de la mano del traspaso que ya se concretó con la Policía”, dado que “la Justicia penal es la que trabaja codo a codo” con esa fuerza. Enfatizó que “tiene toda la lógica de que, una vez concretado el paso histórico de que la ciudad maneje la policía, es más que razonable que maneje la Justicia penal”. Rodríguez Larreta hizo declaraciones tras el acto que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con la participación del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y de su par de la ciudad, Martín Ocampo. 

El jefe de Gobierno porteño consideró que el traspaso “va de la mano con esta visión federal que tiene el Presidente, es un avance muy importante acercar a la justicia con la gente y muy importante para la seguridad y el trabajo conjunto y coordinado de la Justicia y la policía”. Por otro lado, remarcó que el traspaso va acompañado de todas las conquistas laborales porque “ninguno pierde sus derechos como la antigüedad, los aportes previsionales, la obra social”. Esa era una preocupación que habían manifestado los gremios. Por último, destacó que “todo traspaso de funciones va acompañado con los fondos presupuestarios” y “ni la Nación, ni la Ciudad gana ni pierde un peso porque se traspasan los fondos presupuestarios previstos”. 

En tanto, el ministro de Justicia de la Ciudad, Martín Ocampo, sostuvo que el traspaso redundará en “mayores controles” por parte de los porteños y “mayor rapidez” en los procesos judiciales. Sobre el rechazo que ya han expresado los jueces representados por la Asociación de Magistrados, Ocampo dijo que ese sector cree que “hay una cuestión de pérdida de status” y de “pérdida de poder, porque dejan de ser jueces nacionales”, pero señaló que “la Justicia tiene que dejar de pensarse hacia adentro y verse como un servicio” a los ciudadanos.

Para materializarse, el traspaso debe aprobarse todavía en la Legislatura porteña –no debería haber inconvenientes ya que se trata de un reclamo histórico de la Ciudad– y en el Congreso nacional, donde será más complicado dado el traspaso de recursos que implica. En el Gobierno adelantaron que no se tratará en extraordinarias pero que esperan que se apruebe en las primeras sesiones ordinarias, a fines de marzo o principios de abril, a más tardar.