La justicia mendocina sostuvo la imputación de las dos monjas imputadas por abuso sexual y corrupción de menores en el instituto Antonio Próvolo, de Carrodilla, para chicos sordos. Por decisión de la jueza Alejandra Alonso, la monja japonesa Kumiko Kosaka continuará cumpliendo prisión domiciliaria, mientras que la religiosa Asunción Martínez seguirá acusada por omisión en uno de los casos denunciados ante la Justicia. La resolución confirmó las imputaciones y añadió, además, que “ninguna prueba ha modificado favorablemente, sino que por el contrario han empeorado su situación procesal”.
El abogado de las monjas, Carlos Varela Álvarez, había solicitado el cambio de situación procesal, porque consideraba que no existe riesgo de fuga por parte de sus defendidas. Sin embargo, la jueza Alonso consideró que sí existe ese riesgo. Para ello, informó el diario mendocino Los Andes, que tuvo acceso al expediente, tomó en cuenta declaraciones periodísticas brindadas por el perito de parte contratado por la congregación Hermanas del Huerto, en la que revisten las monjas Kosaka y Martínez. “Las hermanas del Huerto siguen aportando con dinero a Kosaka, lo que demuestra el apoyo y el riesgo de fuga”, señaló la jueza.
Las monjas están siendo investigadas en el marco de la segunda causa judicial que investiga las denuncias de abusos sexuales y hechos de corrupción cometidos contra estudiantes del Instituto Provolo, un establecimiento religioso destinado a chicos sordos. Kumiko está imputada en calidad de autora y encubridora de al menos tres casos. Martínez, por su parte, está imputada por omisión en un episodio.
Las denuncias contra el Instituto mendocino se hicieron públicas a fines de 2016, luego de que la senadora provincial Daniela García, de la Unión Cívica Radical, recibiera el testimonio de una ex alumna e integrante del Movimiento de Sordos de Mendoza, en una actividad realizada en la legislatura provincial. A partir de allí, se multiplicaron los testimonios de víctimas de curas, monjas y empleados del lugar.
