La acusación formal del expediente dice que los hermanos venezolanos Víctor y Felipe Puleo Artigas tiraron “piedras y demás elementos contundentes contra el personal policial” mientras transcurría la protesta por la ley de Presupuesto 2019, y que por eso fueron detenidos. Con esa base, el Gobierno anunció que les revocaría la residencia y tramitaría su expulsión, después de echar a rodar el rumor de que eran agentes secretos del régimen de Nicolás Maduro. Pero ni ellos ni las pruebas que hay al menos hasta ahora en el expediente respaldan ninguna de todas esas descripciones.  “No arrojamos piedras ni ningún objeto, ni tampoco participamos de la manifestación”, declararon ayer cuando fueron indagados por el fiscal Federico Tropea. En un comunicado ya habían negado rotundamente tener vínculo alguno con el gobierno venezolano. Su defensora oficial, Gabriela Marquiegui, había pedido puntualmente las filmaciones de las cámaras de seguridad del edifico del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), ya que el arresto fue a pocos metros de ese organismo, pero llamativamente la respuesta fue que ya no las tienen. El Centro de Monitoreo Urbano tampoco entregó todavía las grabaciones del recorrido que los hermanos describieron que hicieron ese día. La defensa entregó un video que circuló por las redes sociales, donde se los ve en el momento en que los para la policía mientras caminan y ellos alzan las manos sin oponer ninguna resistencia.

Como se vio el último año en circunstancias similares, las personas detenidas en el contexto de manifestaciones son arrestadas por la policía y la justicia recién después se pone a buscar las pruebas del supuesto delito cometido. La práctica muestra que en la inmensa mayoría de los casos, los detenidos terminan sobreseídos, porque no hay de qué acusarlos. Las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich efectúan detenciones al voleo y a menudo con violencia para reprimir las protestas.

El ingrediente diferente en esta ocasión fue que entre los presos había cuatro extranjeros –además de los dos venezolanos, uno de nacionalidad turca y otro paraguayo–, algo utilizado por el Gobierno para descalificarlos y amagar con su deportación, cuando ni siquiera había una imputación. Con esta particularidad se sostuvo una campaña anti inmigrantes  durante todo la semana, a la que se plegó el propio Mauricio Macri, un recurso para depositar la responsabilidad de los problemas locales en extranjeros.  

Cuando los Puleo Artigas se sentaron ayer en la fiscalía para ser interrogados, les explicaron que se los acusa de “participación en los incidentes ocurridos en ocasión del debate parlamentario en la Cámara de Diputados” y, en ese contexto, “haber arrojado piedras y demás elementos contundentes contra el personal policial emplazado en las calles Lima y Carlos Calvo”. El miércoles de la movilización, primero bajaron a la puerta de donde viven, cerca del Congreso, a chequear que estuviera bien la moto que suelen utilizar para trabajar, ya que hacen repartos. Después, según relataron, se movieron “por curiosidad”. En el video que ellos mismos entregaron ayer –que parece tomado desde un colectivo– se los ve caminando por las calle Lima, un momento que llega un ejército de motos policiales y algunas personas corren. Pero ellos dos se desplazan con tranquilidad. Y se observa el momento en que se les acerca la policía y ellos sin resistencia alguna levantan las manos y van con los agentes. No se los ve forcejear, ni tirar piedras, ni pegar. Ellos declararon que no estaban participando de la movilización y que no arrojaron nada. Describieron con lujo de detalles, según allegados a la causa, lo que hicieron ese día.

La investigación, se supone, continúa. Hasta ahora el Centro de Monitoreo Urbano, que depende del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, todavía no entregó las imágenes pedidas por la defensora oficial para avalar con imágenes el relato de los dos jóvenes. En teoría, el Cuerpo de Investigación Judicial (CIJ) del ministerio Público porteño está analizando algunas grabaciones. Pero quizá el dato más increíble es que el Enacom –que depende del Ministerio de Modernización– no entregó sus imágenes porque dice que ya las regrabó o sobreescribió, es decir, las descartó y grabó encima, cuando apenas pasaron nueve días de los hechos. Ahí en Lima y Carlos Calvo hubo varias detenciones.

Frente a los ataques del Gobierno, los hermanos tenían especial preocupación por mostrar que su situación en la Argentina es legal. Presentaron documentación que muestra que ingresaron pasando por todos los controles correspondientes, que tuvieron la residencia “precaria” y luego gestionaron la “temporaria”. Esta fue concedida por dos años, se encuentra  vigente y les permite tener el documento argentino. Se presentaron en el registro nacional de reincidencia y obtuvieron un certificado que muestra que carecen de antecedentes. También tienen un certificado venezolano, firmado por una autoridad de ese país. Su situación migratoria, plantearon, es totalmente regular. 

Cuando estaban detenidos en la comisaría, el mismo 24 de octubre de la protesta, apareció personal de la Dirección de Migraciones para interrogarlos sobre su situación. Uno de los funcionarios que más insistió en estos días con la idea de expulsar a los extranjeros detenidos fue el titular de ese organismo, que hasta llegó a decir que el Gobierno pediría un juicio abreviado para acelerar los trámites. En el caso de los venezolanos eso no es posible: para que haya un juicio abreviado, el acusado debe reconocerse culpable y admitir una pena morigerada. No es el caso. Y para tramitar una expulsión del país debe haber una condena o procesamiento confirmado según algunas interpretaciones. O encontrar alguna irregularidad en el ingreso al país. Si hay problema con los papeles migratorios, se le debería dar a la persona 30 días para regularizar todo. La hipótesis de la expulsión que enarboló el gobierno, de concretarse, sería irregular. De todos modos, alguna nota de la realidad tomó el Gobierno: el diario La Nación decía ayer que “está viendo qué hacer” con los cuatro extranjeros detenidos teniendo en cuenta que en la causa judicial no hay nada. En un comienzo el Ejecutivo –vía los ministros Rogelio Frigerio y Bullrich– había dicho que los echaría los más rápido posible. 

De los 26 detenidos ya declararon 11. El lunes será el turno del ciudadano turco, Anil Baran que también dijo públicamente que no participó de la movilización, que ni sabía que se estaba realizando, que vive en Córdoba y había venido a hacer un trámite a Capital. También le toca al paraguayo Luis Fretes.