Un caso bisagra

Andrés Reynoso, es defensor público en Jujuy, ante los tribunales federales; lo fue también en Orán, Salta. Zonas “calientes” atravesadas por la problemática del narcotráfico y otros fenómenos emparentados. A él suele tocarle asistir a los más débiles en esta historia, que son tratados como delincuentes o victimarios, pero a quienes él ve en buena medida como víctimas. Cada mes, cuenta, de las cuarenta causas en las que le toca defender a alguien, unas treinta personas son por lo general mujeres, que llegan con pequeñas cantidades de droga de zonas extremadamente pobres de Bolivia. En una entrevista con esta cronista, en el programa Gente de a Pie (Radio Nacional Folklórica), explicó que el sistema apunta a “agarrar a las personas que transportan y no son dueñas de la droga, pero no buscan al eslabón que tenga mayor jerarquía”. Cambios en la relación y dentro de Bolivia a partir del caso de Claudia Suárez.

–¿En qué consiste el trabajo de defensoras y defensores oficiales en estas zonas de frontera?

–En la zona de frontera tenemos policompetencia. Vemos todos los temas que tienen que ver con el fuero nacional, desde jubilaciones o amparos por salud, hasta delitos como narcotráfico, contrabando, tenencia de armas, trata de personas. En la defensa pública, tenemos hasta un noventa por ciento de las causas que se llevan adelante en los juzgados.  

–¿Qué le pasa a usted, desde el punto de vista personal y humano cuando se encuentra con casos como el de Claudia?

–Acá tenemos un contacto personal y una entrevista muy larga con quienes llegan y necesitan defensa pública. Lo hacemos en un ambiente cuidado. Cuando las personas se encuentran con el defensor en el juzgado, es común que se confundan y piensen que el defensor es un empleado del juez. Eso hace difícil la defensa: imposible que cuenten algo. Imagínese que la persona llega, la detienen, queda incomunicada, no puede hablar con su familia y llega alguien y le dice ‘cuénteme la verdad’. Entonces tenemos  una larga charla y explicamos cómo es el sistema en Argentina.  Recepcionamos así estas historias, que tienen cada una su particularidad, pero siempre, siempre,  hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, que han llegado a cometer algunas acciones porque las han visto como última salida. Aunque no son siempre justificables para una mirada legal. Cuentan que quizá los hijos quedaron con un vecino o con el hijo de 12 años, porque pensaron que era un viaje de 48 horas. Es demasiado duro y complejo. Uno trata de buscar herramientas defensivas, y no son muchas las que tenemos. Hay que contarle a partir de ahí que seguramente se va a enfrentar a una condena y como mínimo va a estar dos años en el país. En general es gente que trae poca cantidad de estupefacciones. Quedan dos años y los expulsan. Es complicado el trabajo porque muchas veces son historias difíciles de probar. Además hay poca colaboración del Estado plurinacional de Bolivia y nos pasa también con Paraguay.

–¿La actual ley de estupefacientes está pensada para este tipo de casos?

–Estos casos de los que hablamos son personas que cometen acciones que caen dentro de la ley actual, aunque se supone que está pensada para los grandes narcotraficantes, no para los eslabones chiquitos. Pero tenemos muchas personas que nos cuentan: “yo le dije al gendarme que me hice un viaje de 400 o 500 kilómetros y no sé a quién se la tengo que dar (la droga), y le digo por qué no me deja terminar el circuito y me acompaña para poder determinar quién es el dueño, que claramente no soy yo, pero eso en ningún caso se hace”. El sistema apunta a agarrar a las personas que transportan y no son dueñas de la droga, pero no buscan al eslabón que tenga mayor jerarquía. No le dan intervención ni al fiscal ni al juez. Esto puede estar organizado en el estado plurinacional o bien en el lugar de recepción. Pero el que lleva, no tiene más injerencia que esa. Alguien le saca una foto en Bolivia y una persona que está con esa foto la está esperando quizá en Liniers. Igual después pretenden que de información. ¿Qué información va a dar si realmente no la tiene?

–¿Cómo fue con Claudia? ¿Les contó de entrada su situación?

–Apenas fue detenida contó todo. Les dijo a los gendarmes que su hijo había sido diagnosticado con cáncer y que en Bolivia ese tratamiento se paga. “Si no pago el tratamiento mi hijo se va a morir”, les dijo. Recién había sido diagnosticado. Ella sostuvo eso ante cada situación en la que tuvo que defenderse. Nosotros con toda esta complejidad, empezamos con la médica  y los familiares a conseguir algo. Era un diagnostico reciente, y había empezado por medio de una fundación a poder financiar una parte del tratamiento. Pero otra la tenía que aportar ella. Ahí es cuando se viene y deja a su hijo a cargo de la abuela, sin recursos. En marzo, Claudia tenía una información algo distorsionada por parte de los parientes, que querían que no se preocupara y los hijos creían que estaba trabajando. La médica se comunica con nosotros nos da una línea de tiempo: Fernando empezó tratamiento, lo abandonó  y volvió a la clínica con el cáncer avanzado y le amputan la pierna. Les planteamos a los jueces que estábamos ante un estado de necesidad justificante o exculpante. Pero los jueces no dieron crédito.

–El fallo de Cámara dice expresamente que no le creen.

–Es un fallo inentendible, desde lo que se resuelve, lo técnico. Dicen que los certificados no sirven porque son copia simple y luego solo están los dichos de la mujer. Aquí se visualiza esta concepción de que cualquier persona es capaz de decir que el hijo se está por morir (para salir de la cárcel). Deberíamos bajar los estándares. Si hoy hay que probar todo con copia certificada y un acta notarial, es reducida la población que puede llegar a ese nivel de prueba.

–¿Con cuantas historias similares se encuentra cada mes?

–Hay meses que de cuarenta causas que ingresan, treinta son situaciones muy complejas de personas que vienen de un sector muy empobrecido de Bolivia, por lo general mujeres, con educación muy básica, madres que dejan hijos chiquitos allá.

–¿Advierte un trato diferencial hacia las mujeres?  

–Lo advierto hacia los extranjeros. Lo que hay con las mujeres es una crítica: cómo va a dejar a los hijos, cómo no busca ayuda o no tiene ayuda del padre. Se le imponen roles desde una mirada machista.

–¿La excarcelación de Claudia es excepción?

–Es un caso excepcional. Es la primera vez que veo la excarcelación de un delito como éste. Se ha involucrado finalmente el estado plurinacional en la situación concreta y ha generado, no sé si en voz alta, un diseño de políticas públicas para la efectivización del derecho a la salud. Esa intervención no la teníamos. No contábamos con eso ni para recibir un certificado de nacimiento.