La Justicia porteña condenó a prisión de cumplimiento efectivo a un hombre que había amenazado a su ex pareja mediante mensajes de texto, y a quien ella ya había denunciado por no cumplir con la cuota alimentaria para sus hijos menores de edad (uno de 12 y otro de 5). La jueza María Alejandra Doti, titular del juzgado n.º 24 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, resolvió que la pena sea de cumplimiento domiciliario porque el condenado padece problemas cardíacos, pero también dispuso que se lo supervise permanentemente mediante monitoreo electrónico durante los tres años que dure la condena para que no se acerque a menos de mil metros de su ex pareja. La pena fue decidida en un procedimiento abreviado porque se unificó la condena con la de otro proceso que tramitó en el Tribunal Oral en lo Criminal n.º 4, por lo que los siete meses de pena por las amenazas se sumaron al resultado de ese expediente.

La resolución da cuenta de que JFLS hostigaba a la madre de sus hijos, AES, hacía tiempo, y que él ejerció violenta contra ella incluso después de separados. La situación se agravó en 2016, luego de un episodio en el que la mujer pidió la intervención policial para rescatar a su hijo JDI, de 12 años: el chico había ido con JFLS a ver un partido a la cancha de Boca, pero su padre “luego se emborrachó, lo que implicó que el niño tuviera que llevarlo hasta la estación Constitución y luego ser canalizada la situación a través de personal policial”. Luego, la mujer le advirtió que “no podría volver a llevarse a su hijo” en esas condiciones.

A partir de entonces, la hostilidad de JFLS contra ella recrudeció. El hombre comenzó a enviarle mensajes de texto “en los que le manifestó diferentes frases amenazantes, todas ellas vinculadas con su voluntad de hacer saber en el colegio en el que trabaja la víctima, y en el Ministerio de Educación, que ella tiene VIH y que lleva hombres a la casa de la casera, con la clara intención de que ella tenga problemas laborales y termine despedida”. Además, “la insultaba diciéndole que era una hija de puta, que la iba a dejar en la calle, que no le van a importar los chicos, que va a contar todo en el colegio donde ella trabaja”. La mujer señaló, además, que el victimario una vez “había saltado la reja de la casa en la que en ese momento trabajaba, lo que le trajo numerosos problemas de trabajo, ya que la situación ameritó la intervención de personal policial e incluso luego de reparos sindicales, a efectos de no perder su trabajo”.

La Justicia acreditó que durante los más de  tres años durante los cuales el acusado no cumplió con las cuotas alimentarias para sus hijos menores (dos de ellos, porque el tercero, también en común con la mujer que lo denunció, tiene 20 años) sí tenía trabajo e ingresos regulares certificados, inclusive, por un informe de la Anses, que dio cuenta de sus “declaraciones juradas como trabajador en actividad y liquidaciones de asignaciones familiares”.

Para resolver la pena, la jueza consideró, además de los incumplimientos económicos, el hecho de que en el expediente constan las denuncias efectuadas por la víctima en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte “dan cuenta del historial de violencia de la relación, de la que nacieron tres hijos de 20, 12 y 5 años”.