La intervención de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), un actor que ingresó al final de la contienda, cambió el destino de un polémico proyecto de ley sobre Regulación de Proveedores de Servicios de Internet, presentado por el senador Federico Pinedo (PRO) y la ex senadora Liliana Fellner (Frente para la Victoria). La llamada “Ley Pinedo” –que había obtenido media sanción el año pasado en el Senado y que fue impugnada por diversas cámaras que representan a escritores, editores, músicos y artistas– no se tratará en Diputados y perderá estado parlamentario a fin de mes. Uno de los puntos más cuestionados era el que establecía que los proveedores de Internet no son responsables por los contenidos generados por terceros, excepto cuando hayan sido notificados por una orden judicial que los intime a alguna acción en concreto para eliminar un enlace específico publicado. Las cámaras pedían utilizar el sistema de notificación implementado en Estados Unidos bajo la Digital Millennium Copyright Act (DMCA) para sacar contenidos de la web. 

La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados recibió a representantes de medios de comunicación. Martín Etchevers, presidente de ADEPA, advirtió que del proyecto “surge una desprotección a la propiedad intelectual sobre los contenidos, que es el derecho y la herramienta que los editores tenemos para defender el valor de lo que producimos y, por lo tanto, para sostener nuestro financiamiento”. El titular de ADEPA cuestionó que “quienes utilizan de algún modo ese contenido, y obtienen beneficios directos o indirectos a partir del mismo, no tienen obligaciones frente a quienes lo producen” y este es un tema que “le está preocupando a toda la comunidad periodística mundial”. Etchevers agregó que “el periodismo profesional, con sus imperfecciones, cumple un rol en el sistema democrático que no ha sido reemplazado ni por las plataformas ni por las redes sociales”. El CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia, dijo que “el problema que tenemos esencialmente es un nuevo colonialismo económico”, en el cual “empresas como Google tienen en Argentina un puñado de funcionarios y se llevan de publicidad más que la suma de todos los canales de televisión de Argentina”. Fontevecchia aseguró que “detrás de esto no hay un tema de libertad de expresión, es un tema completamente económico. Facebook y Google se están quedando con el 80 por ciento de publicidad mundial. Cuando ellos piden que no haya regulaciones, que haya excepción de responsabilidad, de lo que están hablando es de costos”.

“Sí a la Libertad de Expresión y a los derechos autorales”, decía el comunicado conjunto que el martes pasado firmaron la CAL (Cámara Argentina del Libro), la CAP (Cámara Argentina de Publicaciones), Unión de Escritoras y Escritores y CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas), entre otras de las 24 entidades que expresaron que la orden judicial previa, para remover un contenido ilícito, crearía “un sistema inaccesible, engorroso e ineficiente, ya que es imposible realizar una acción judicial por cada subida ilegal de contenidos que ocasionan daños irreversibles”. El propio Pinedo reconoció que había que introducir cambios. “Distintas entidades de la cultura que defienden los derechos de autor de sus asociados cuestionan un proyecto mío sobre Internet. Comparto absolutamente la necesidad de modificar el proyecto para proteger los derechos de autor”, tuiteó el senador el martes pasado. La diputada radical Karina Banfi admitió que “no hay ánimo de avanzar con este proyecto de parte del Gobierno, de Cambiemos y de su autor”. La diputada explicó que la propuesta tenía como fin “la posibilidad de proteger la libertad de expresión de los ciudadanos en el marco de las nuevas tecnologías”, pero aclaró que el texto del proyecto “no es la redacción más feliz” y confirmó que “la idea y la propuesta de Cambiemos es empezar de nuevo”. 

Javier Delupí, de CAPIF, advierte sobre el impacto que habría tenido la aprobación del proyecto. “CAPIF dio de baja en el último año más de 400 mil links con contenido de música no autorizado por sus titulares que estaban puestos a disposición en las redes sociales; si se hubiera aprobado la ley, entonces, ¿debería iniciar más de 400 mil juicios el próximo año? Un artista en vez de desarrollar una carrera artística debería tener una carrera judicial. De más está decir que con el dinamismo y viralización que caracteriza al ámbito digital, si por cada uso no autorizado de una obra se debe iniciar una acción de amparo, se anula en la práctica la posibilidad defensa los derechos de autor”, plantea Delupí a PáginaI12. Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, que siempre defendió la llamada “Ley Pinedo”, interpreta que el cambio de opinión de Pinedo es porque hubo un cambio de actores en la discusión con la aparición de ADEPA. “Hasta el año pasado, ADEPA no estaba entre los opositores a este proyecto. Pero ahora entraron fuerte contra las empresas de Internet, especialmente porque ADEPA está detrás de una idea que viene remando Fontevecchia desde hace tiempo, que tiene que ver con poner la ‘tasa Google’, algunas de las cuestiones que están discutiéndose en Europa. En España se puso la tasa Google y duró un mes y los empresarios de medios tuvieron que rever esa situación porque habían dejado de recibir enlaces y visitas. La voz de las entidades que defienden la propiedad intelectual estuvieron presentes en el Senado y en aquel momento no lo convencieron a Pinedo. Me parece que el cambio de actitud de Pinedo tiene que ver más con el lobby de los grandes medios de comunicación”.