A través de un comunicado difundido por su oficina de prensa, los obispos católicos argentinos anunciaron que están tomando previsiones para proceder al “reemplazo gradual de los aportes del Estado”. Con ese propósito la Conferencia Episcopal reunida durante toda la semana en Pilar, decidió crear una comisión episcopal, para el sostenimiento de la tarea de la Iglesia mientras se adelantan conversaciones con el Gobierno a fin de establecer las “diversas alternativas que facilitarán este reemplazo”. 

De acuerdo a la información difundida por la agencia católica AICA, los obispos “han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común”.  

En la misma ocasión se informó que la comisión episcopal designada con ese fin “trabajará en la creación de un fondo solidario” y dará “continuidad del diálogo con el Gobierno Nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo”.

Si bien oficialmente no se brindaron más detalles, ya se conocía en medios eclesiásticos que el tema estaba siendo conversado entre los obispos, si bien se descartó, como ahora se confirma, una resolución inminente sobre el particular. No obstante, el anuncio hecho ahora abre a varias lecturas en el escenario de la relación de la jerarquía católica con la sociedad y con el gobierno. Respecto de este último es evidente de que los obispos están dando una señal más de su autonomía respecto del gobierno, ganando con ello no solo libertad de acción sino credibilidad respecto de los pronunciamientos sobre todos los temas.

Pero, además, y tal como lo expresó el presidente del episcopado, Oscar Ojea, al abrir la asamblea, los obispos dejan en claro que están leyendo los mensajes de la sociedad. Ojea instó en esa oportunidad a no ampararse en reconocimientos del pasado del que ya no gozan ni la Iglesia como institución, ni los obispos en particular.

La decisión anunciada ahora, si bien tendrá que alcanzar todavía formas operativas y su concreción puede demorarse en el tiempo, resitúa al episcopado en una posición de mayor libertad de acción, aunque hasta hoy los obispos reiteraran que los aportes económicos del Estado nunca condicionaron las posiciones de los directivos eclesiásticos.

La determinación no resulta menor en momentos en que la voz de varios prelados, pero también de sacerdotes y laicos católicos, se hizo sentir expresando preocupación por los temas sociales, con críticas al modelo económico y advirtiendo sus costos, especialmente por lo que afecta a los más pobres. El anuncio también coincide con otras críticas surgidas desde el Gobierno y sus aliados contra algunos obispos por su presento alineamiento con la oposición, en particular después de la misa celebrada frente a la basílica del Luján el 20 de octubre, con la asistencia de dirigentes políticos y sindicales, rogando por “paz, pan y trabajo”.

 El Gobierno ya había informado oficialmente que el Estado gastaba 130 millones en el pago de los sueldos de los obispos, “en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional y de leyes posteriores”, además del sostenimiento de becas para seminaristas y parroquias de frontera. La cifra se mantiene prácticamente sin modificaciones desde 2016.