La tarifa del servicio de agua y cloacas del Area Metropolitana a cargo de Aysa subirá el año próximo casi el 50 por ciento. El aumento se aplicará en dos tramos, un 17 por ciento en enero y otro 27 por ciento en mayo, confirmó la empresa en la audiencia pública realizada ayer a los fines de analizar precios, inversiones y tarifa social para 2019. El aumento del año que viene supera con creces las expectativas de inflación para ese período, pero el Gobierno lo justifica diciendo que el primer incremento, del 17 por ciento, viene a compensar el desfasaje que se produjo en 2018. Sin embargo, el incremento acumulado desde el comienzo de la gestión de Cambiemos le gana por goleada a la inflación y supera por mucho más a la suba de salarios: en mayo de 2019, la boleta de agua se habrá multiplicado por ocho frente a fines de 2015. La continuidad en la política tarifaria agresiva es uno de los puntos centrales del plan fiscal del Gobierno acordado con el FMI. Las entidades de consumidores criticaron la magnitud del aumento, la falta de avances en el plan de medición del consumo y la pérdida de agua en el camino al usuario a causa de cañerías en mal estado, que aumentan la ineficiencia y el costo del servicio.

“Los actuales niveles tarifarios resultan sensiblemente menores a los establecidos como de equilibrio económico-financiero”, sostuvo Aysa. El aumento acumulado del 48,5 por ciento –desagregado en dos tandas acumulativas del 17 y del 27 por ciento– implica que un usuario residencial de un segmento zonal medio que actualmente paga 371 pesos por mes, pase a abonar 434 pesos en enero y a 552 en mayo, según los números de Aysa, una suba total de 48,7 por ciento. En un segmento zonal bajo, una boleta de 366 pesos pasa a 428 pesos y luego a 544 pesos, mientras que en un segmento zonal alto, la boleta de 415 pesos sube primero hasta los 486 pesos y en mayo, hasta los 617 pesos. La Defensora del Usuario del Agua, Ana Carolina Herrero, calculó que la tarifa promedio para usuarios residenciales subirá de 475 pesos por mes a 556 pesos en enero y a 706 pesos desde mayo, con impuestos incluidos. El nuevo cuadro tarifario fue presentado por Aysa en la audiencia pública realizada ayer en Tecnópolis y todavía resta la publicación en el Boletín Oficial.

Las subas tarifarias implican para Aysa una facturación adicional de 7018 millones de pesos, un aumento del 42 por ciento. Con esa mejora, la cobertura de los gastos de la empresa con recursos tarifarios sería del 86,8 por ciento. Este indicador viene mostrando un alza progresiva desde 2015, cuando se ubicaba en un 40 por ciento. El aumento de la proporción de ingresos tarifarios (y en consiguiente la reducción de subsidios) se dio por el incremento de las boletas del 297 por ciento en 2016; el 23 por ciento en 2017; 26 por ciento este año y ahora 48,5 por ciento con los incrementos planeados para enero y mayo.

“El aumento excede lo proyectado por el Gobierno en términos de inflación y supera ampliamente los incrementos salariales de los trabajadores. Y lo que es peor: antes de mitad de año ya se estaría aplicando ese incremento, como si fuera un adelanto de inflación”, manifestó Fernanda Lacey, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Por otro lado, Pedro Bussetti, titular de la entidad Deuco, advirtió que “un informe de la empresa muestra que el agua comercializada correspondió al 57,9 por ciento del agua producida. De esta manera, las pérdidas serían del 42,1 por ciento respecto a la producción de agua. Si al costo de producción del recurso, que es de 1,35 pesos por m3, lo multiplicamos por los 2 millones de metros cúbicos diarios que no se comercializan, la pérdida es de 2.700.000 pesos diarios que pagan los usuarios”. La pérdida de agua se genera por averías en las cañerías. “No se informa en la propuesta tarifaria cuál es el plan de renovación de cañerías, cuánto se ha renovado en los últimos dos años y en cuántos años se logrará la renovación total de la red”, criticó Bussetti. En la misma línea, Herrero señaló que “es justo que la empresa reduzca y minimice las pérdidas en la red, que actualmente están en el orden del 40 por ciento”.

El plan de Aysa para 2019 incluye el traspaso del financiamiento de la tarifa social sobre las arcas fiscales de provincias y municipios, según el caso. Lacey advirtió que “se desconoce si cada jurisdicción cuenta con los fondos suficientes para afrontar la tarifa social, sobre todo porque el deterioro de la situación socioeconómica de los usuarios hace que los fondos necesarios para ese beneficio sean cada vez mayores”. Actualmente hay unos 330 mil usuarios alcanzados por la tarifa social. 

Otro de los puntos criticados por las entidades es que el presupuesto 2019 de Aysa congela los gastos de mejora y mantenimiento en 4545 millones de pesos, mismo monto que se ejecutó en 2018. En 2016, ese rubro tuvo una suba interanual del 52 por ciento; en 2017, del 6,8 por ciento y en 2018, del 22,5 por ciento. En términos reales se produjo una caída significativa de la inversión ya que la inflación en el período fue muy superior.