1998: El Poder Ejecutivo Nacional adjudicó por decreto la licitación para operar los principales aeropuertos del país, incluyendo el Jorge Newbery, a la empresa Aeropuertos Argentina 2000, que integra el Grupo Corporación América, propiedad del empresario Eduardo Eurnekian. Si bien el decreto establecía un plazo de siete años para reemplazar el Aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires por uno nuevo y dejar nuevamente libres las doscientas hectáreas de dominio público de la Ciudad para un parque público, la empresa nunca cumplió lo acordado.
2001: Aníbal Ibarra, por entonces jefe de Gobierno porteño, y Fernando De la Rúa, presidente de la Nación, anunciaron el acuerdo para la ampliación del Aeroparque con un nuevo relleno sobre el río y en la ampliación del puerto. La propuesta fue rechazada por vecinos y ambientalistas, que señalaron el impacto negativo del proyecto tanto en términos ambientales como urbanísticos. María Laura Leguizamón y Víctor Santamaría, en ese momento legisladores, presentaron una demanda penal contra Eduardo Sguiglia, director del Organismo Regulador del Sistema Aeroportuario, acusándolo de “alterar un informe clave” para definir el futuro del Aeroparque y denunciaron la falta de “un estudio de impacto ambiental”.
2004: En un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, la empresa Aeropuertos Argentina 2000 anunció las obras de ampliación del Aeroparque Jorge Newbery, junto a la modificación de las avenidas aledañas y la construcción de otra mano de la Autopista Illia. El costo de las obras fue de 280 millones de pesos e implicó la liquidación de la plaza Bosque Alegre, para ser usada como zona de seguridad en el extremo sur del aeropuerto. La Ciudad fue responsable de la inversión vial de las obras. Para entonces, AA 2000 acumulaba una deuda millonaria con el Estado nacional por falta de pago del canon y obras no realizadas. Meses después, Aníbal Ibarra y Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, firmaron un convenio entre Ciudad y Nación con el con el fin de promover las obras acordadas con la empresa concesionaria. A pesar de lo firmado con la empresa en la licitación sobre el emplazamiento del aeropuerto, el convenio contemplaba mantener Aeroparque en su ubicación actual y el inicio de nuevas obras de infraestructura y ampliación del aeropuerto. A fines de ese año, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires recibió un informe en el que se notificó que Aeropuertos Argentina era controlada en forma indirecta por Cedicor SA, firma radicada en Uruguay, que controla el 97 por ciento de las acciones de la Corporación América y está fuertemente cuestionada por obras no concluidas, mala gestión en los aeropuertos y denuncias por presunto lavado de dinero y evasión tributaria.
2005: El Estado nacional le condonó a la empresa de Eurnekian los más de 800 millones de pesos de deuda por el canon y las obras no realizadas. A cambio, el Estado pasaría a tener el 20 por ciento de las acciones de Aeropuertos Argentina 2000. Un porcentaje menor para el Estado, pero un negocio millonario para los amigos del poder.
2016: El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anunció una inversión de 22.223 millones de pesos con el objetivo de “potenciar el sector aerocomercial”, que se financiaría con las tasas aeroportuarias y la inversión que tiene comprometida Aeropuertos Argentina 2000 en el contrato de concesión. La inversión contempla 18.709 millones de pesos para la remodelación de 19 aeropuertos, que incluyen Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.
2017: En septiembre, meses antes de que se presente el nuevo proyecto de ampliación del Aeroparque, el presidente de AA 2000, Martín Eurnekian, realizó una donación de más de 12 millones en tecnología para colaborar con los trabajos de puesta en valor del Planetario de la Ciudad. El acuerdo llevó la firma del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad, Andrés Freire. Cualquier malpensado podría decir que se trató de una devolución de favores.
2018: El 23 de enero se publicó el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que “incorpora al perímetro aeroportuario del Aeroparque Jorge Newbery” una superficie de más de 121 metros cuadrados de tierras públicas para ampliar el aeropuerto. Con la firma de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, el decreto establece que el GCABA le cede 12 hectáreas de terrenos a la Nación para que el Ejecutivo Nacional se las transfiera a Aeropuertos Argentina 2000. Es decir, que el gobierno nacional actúe como intermediario entre la Ciudad y la empresa concesionaria. El 9 de marzo se realizó una audiencia pública para analizar el proyecto de relleno costero que implica la ampliación y su impacto ambiental. Allí, funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos defendieron un Estudio y Evaluación de Impacto Ambiental que minimiza las consecuencias ambientales y urbanísticas del proyecto. La Asociación Amigos del Lago de Palermo, la Red Queremos Buenos Aires y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos denunciaron las fallas técnicas del informe y aseguraron que se trató de una audiencia nula. En agosto, antes de su votación y aprobación en la Legislatura, comenzaron las obras del relleno costero, el ensanche de la avenida Costanera y la ampliación del aeropuerto.
Finalmente, el pasado 27 de septiembre la Legislatura ratificó el convenio entre Nación y Ciudad y aprobó las reformas de ampliación en Aeroparque. La próxima semana deberá sancionarse la ley y todo indica que Aeropuertos Argentina 2000 será, una vez más, la gran ganadora.
“El proyecto de ley seguramente se va a aprobar porque el oficialismo ya tiene los votos acompañado por la supuesta oposición. Porque cuando los negocios son muy grandes, acá no hay oposición. Y eso se va a ver en la votación: van a aprobar en general el proyecto de ley con 40 votos y después desde la oposición van a marcar algunas diferencias en la votación en particular. Hacen una oposición formal”, aseguró el arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría.
