Desde que Paola quedó presa la defiende la abogada Soledad Deza, que fue también la patrocinante de otra víctima emblemática de violencia de género: Belén, la joven que estuvo casi 900 días presa, condenada por un aborto espontáneo. La letrada le contó a Página/12 lo ocurrido el 21 de octubre, cuando Sosa resultó herido en medio de otro hecho más de violencia. 

Según declaró Paola, en indagatoria, ese domingo, cuando ella regresaba del almacén con el hijo menor, encontró a Sosa dentro de su casa con un cuchillo sobre la carne del asado del Día de la Madre que preparaba ella con sus hijos. Y cuando Paola le pidió que se fuera, Sosa, que ya estaba en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas, le pegó en la frente con el cabo del cuchillo que portaba. “Luego, se produjo un forcejeo y él terminó con una herida en el cuello producto del cuchillo que él mismo empuñaba en contra de Paola”, contó la abogada Deza. La letrada cuestionó que la imputación a Paola tiene como único fundamento los testimonios del propio agresor, de su hermano, Nelson Sosa, y de un hijo de Paola y Sosa, que vive con su padre y aclara que no estuvo en el momento del hecho y que se lo contó su papá. “Yo no vi”, dijo el adolescente, de 16 años. 

Después de exigir la libertad de Paola con numerosas presentaciones, por considerar su prisión arbitraria, por falta de fundamento, y pedir hábeas corpus, Deza presentó una denuncia por violencia institucional contra la propia Fiscalía II por su falta de perspectiva de género. “El cargo no se concursó”, objetó. Las dos fiscalías especializadas fueron creadas este año por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, pero “lo único que tienen de género es el cartel en la puerta, porque no hay funcionarios judiciales especializados”, denunció Deza. Presentó otra denuncia por violencia económica, porque durante un procedimiento ordenado por la Fiscalía, la familia de Sosa “le sacó todo lo de su casa, incluida la ropa. Fue mientras se hacía un allanamiento para buscar prendas con sangre, con presencia policial y de la Fiscalía”, indicó Deza. 

También denunció las arbitrariedades de la intervención judicial, en las oficinas de la Mujer y de Derechos Humanos de la CSJT por “la falta de perspectiva de género obrante en la causa”. Hasta la fecha no tomaron intervención ni respondieron.