El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con que el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Accidentes de Trabajo (ART) desató el rechazo por “inconstitucional” del grueso del arco opositor en el Congreso, que va desde el Frente para la Victoria (FpV-PJ) al Frente de Izquierda (FIT), pasando por el socialismo y el GEN, ante la defensa cerrada de Cambiemos y el silencio de los principales referentes del Frente Renovador. El diputado kirchnerista Marcos Cleri convocará a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo que preside la primera semana de febrero para revisar la decisión presidencial. Allí, existe paridad de fuerzas entre oficialistas y opositores, donde el único representante massista puede desequilibrar a favor o en contra de la decisión de Macri.

“Macri sigue usando decretos contra los trabajadores”, dice el comunicado de los diputados del FpV-PJ en el que adelantaron su rechazo al DNU que modifica la ley de ART. “Es un gobierno con un sesgo autoritario”, señala.

“Si alguien está promoviendo la industria del juicio es quien firma el decreto de necesidad y urgencia”, agregó luego el jefe de la bancada Héctor Recalde, quien no descartó recurrir a la Justicia para frenar el decreto presidencial. “La podríamos haber tratado en extraordinarias si tenía apuro el Presidente, pero prefirió hacerlo por un método que no es el indicado ni por la Constitución ni por la ley”, agregó el también abogado laboralista quien sostuvo que entre las modificaciones que introduce el DNU “impiden el acceso a la Justicia como alternativa al sistema de competencia”, “soslaya a la Justicia Nacional del Trabajo” y “se le dan facultades a las comisiones médicas como si fueran tribunales”.

“El decreto es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia de firmarlo”, opinó el senador del PJ y el Movimiento Evita Juan Manuel Abal Medina, que también integra la comisión bicameral. “¿Qué urgencia puede tener un proyecto que tiene sanción en una de las cámaras?”, se pregunto el senador en relación a la media sanción de la Cámara alta. “Es francamente increíble”, se quejó.

Las críticas también llegaron desde el FIT. “El decreto de Macri es un atropello al movimiento obrero y al Congreso, que usurpa a los trabajadores sus derechos y evidencia que en este país gobiernan las entidades empresariales”, sostuvo el diputado Néstor Pitrola (FIT-PO). “Su contenido no está destinado a prevenir accidentes laborales (que suman la friolera de 700.000 por año), sino a bloquear derechos judiciales de los trabajadores, convirtiéndolos ante la Justicia en ciudadanos de segunda”, agregó Pitrola, al tiempo que acusó a la CGT de actuar “como soporte” del macrismo.

“La incorporación de una nueva instancia administrativa para dilatar procesos judiciales en las ART, está dada exclusivamente por la necesidad y la urgencia de bajar costos en beneficio de los empresarios y se convierte en una nueva arremetida de este gobierno en contra de los trabajadores”, sumó al diputada socialista Alicia Ciciliani, que calificó el DNU presidencial como una “violación a la división de poderes”.

En el mismo sentido se pronunció la líder del GEN. Margarita Stolbizer.  “El DNU que reforma la ley de riesgos del trabajo también es contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley, discriminando a los trabajadores en su derecho de acceso a la justicia”, sostuvo. “Poner restricciones y trabas al derecho del trabajador para acceder a la Justicia es inconstitucional. Hacerlo por decreto para eludir el debate parlamentario es doblemente grave”, agregó.

La ahora aliada de Sergio Massa contrapuso sus críticas al silencio de los principales referentes legislativos del FR y cargó contra la dirigencia cegetista: “Como durante el menemismo, los dirigentes sindicales que convalidan esta norma están traicionando sus representaciones para favorecer a los grupos empresarios, en consonancia con un gobierno al que hubo que sacarle la modificación de Ganancias casi de prepo”, sentenció.

Liliana Schwindt fue una de las escasas voces del Frente Renovador que se pronunciaron sobre los DNU. “Esta no es la forma de hacerlo, pero conociéndolo al presidente Macri, que gobernó la Ciudad de Buenos Aires a puro decreto, no asombra lo que hace ahora”, señaló la diputada, que igual defendió la postura amigable que el massismo con el Gobierno: “No es que Macri se encontró con un parlamento que le haya puesto ‘palos en la rueda’, sino que el Frente Renovador, por ejemplo, ha colaborado en cada una de las herramientas que pidió el Poder Ejecutivo para gobernar”.

El oficialismo salió a bancar los decretos de Macri. “El DNU es prácticamente la ratificación en pleno de la sanción de la Cámara alta. Y, desde lo formal, tiene plena validez y esa validez se la da la urgencia”, dijo el senador radical Luis Naidenoff, desechando el trámite parlamentario. “Está en el marco de las potestades y atribuciones del Presidente”, insistió Naidenoff que es el vicepresidente de la bicameral.

“La Comisión Bicameral tiene unos diez años de existencia. En aquel entonces, éramos opositores y, de entrada, planteamos una posición bastante restrictiva acerca del uso de los DNU, pero, en estos diez años, se ha impuesto una doctrina o un criterio amplio respecto a la interpretación del uso de esa herramienta”, se justificó el diputado macrista Pablo Tonelli.

“Ni para la ley de ART ni para la de feriados existe una urgencia por la cual no se pueda esperar hasta marzo; y en éste último tema hay muchos intereses que se contraponen con lo estipulado en el DNU”, replicó el diputado Cleri (FpV-PJ), que preside la bicameral. Cleri anticipó que esperará los diez días hábiles que dispone el Ejecutivo para enviar los DNU al Congreso, para convocar a la bicameral a partir del 7 de febrero para dictaminar sobre los DNU publicados ayer en el Boletín Oficial. Aunque la pulseada en la bicameral tiene aun un final incierto.