Los y las docentes, pediatras, médicos, profesorxs y otros adultos o funcionarios públicos que sepan que un niño, niña o adoleste está siendo abusado sexualmente tienen la obligación de denunciarlo. Así lo delimita el manual “Abuso sexual y embarazo forzado en la niñez y la adolescencia, lineamientos para su abordaje interinstitucional”, publicado por el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, desarrollado por Silvia Chejter y con la colaboración de Valeria Isla (auspiciado por Unicef), en octubre del 2018.
El manual da herramientas concretas para quienes conocen un abuso “Una docente puede ser la única persona a la quese dirijan para contar lo que están viviendo. Un pediatra o cualquier integrante de un equipo de salud con los que la niña, niño o adolescente entra encontacto (por problemas de salud, por una vacuna, por unexamen de rutina) puede ser la persona que logre darse cuentade lo que está sucediendo.Cualquier otra persona adulta –instructores deun club, profesoras de una escuela de música,educadoras de centros adolescentes, etc.– puede tener la posibilidad de ser las primeras personas en detectar un abuso sexual”. La interpelación es al sí te metas. Y no a sobrecargar las tintas. “Sin embargo, ninguna persona tiene que transformarse en una”experta” o “hacerse cargo” de abordar la totalidad de la situación.Sí debe saber que su rol –abrir un camino para poner fin alabuso y generar la posibilidad de una atención– en sí mismo tiene un efecto reparador”.
El material fue presentado en la jornada “Prevenir y actuar frente a los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes” en donde se resaltó que cerca de 3.000 niñas y adolescentes al año son violentadas sexualmente, se las obliga a llevar adelante embarazos forzados y ser madres antes de estar preparadas para maternar.
