Comunicadores y comunicadoras, especialistas de los derechos de las audiencias y referentes de organizaciones sociales, reunidos en Guadalajara (México) el pasado 29 de noviembre para participar del V Congreso de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias, emitieron una comunicado en el que denuncian que en los últimos años se ha recrudecido la crisis política, económica y social de la región con un notorio deterioro del estado de derecho, el aumento de la concentración comunicacional, la falta de políticas de desconcentración en la materia, y de promoción de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, de los pueblos originarios, sistemas públicos y universitarios. Advierten también que la “vulneración de derechos, los retrocesos en la regulación bajo el pretexto de una legislación actual y convergente ponen en riesgo los derechos de las audiencias, conquistados en el siglo XXI”.
Respecto de la Argentina se reclamó “el urgente cumplimiento de la legislación vigente (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522; Ley de Argentina Digital 27.078)” que se deje “sin efecto toda intervención arbitraria de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y procediendo al inmediato nombramiento de una Defensora o Defensor tal como señala la LSCA, a través del Congreso de la Nación Argentina, con garantías de participación de las audiencias”.
La demanda alcanza especial relevancia en la coyuntura dado que la Defensoría del Público se encuentra acéfala desde el 14 de noviembre de 2016 cuando se venció el mandato de la Defensora Cynthia Ottaviano. Actualmente la actividad del organismo está seriamente limitada por una virtual intervención y pesa la amenaza de despidos sobre parte de sus trabajadores por no renovación de los contratos.
En la declaración firmada en Guadalajara, los participantes exigieron para el caso argentino “la desgubernamentalización de la Enacom y toda institucionalidad del campo comunicacional” pidiendo además “medidas efectivas que garanticen la sustentabilidad de los medios comunitarios, alternativos y populares, así como de pueblos originarios, universitarios y públicos; la distribución equitativa y no discriminatoria de la publicidad oficial; el cese de persecuciones y detenciones arbitrarias en el campo comunicacional, así como el cierre de distintos medios”.
Para los comunicadores y comunicadoras reunidos en México las democracias se ven afectadas por “el aumento de la concentración comunicacional; la derogación y los intentos de acotar las legislaciones promotoras del derecho humano a la comunicación; el control gubernamental y la precarización de los medios públicos, y las constantes estrategias de silenciar las voces opositoras”.
Respecto de la actividad periodística los participantes advirtieron que “fenómenos como las falsas noticias o fakenews, y el control algorítmico de acceso y distribución de la comunicación, generan nuevas exclusiones sociales, políticas y comunicacionales, que deben ser tenidas en cuenta para la elaboración de acciones específicas”. Desestimaron además el argumento de “la regulación bajo el pretexto de una legislación actual y convergente” porque esas medidas terminan generando mayor vulneración de derechos, poniendo en riesgo los derechos de las audiencias conquistados en los últimos años. Y frente esta realidad reivindicaron el papel de las Defensorías de las Audiencias consideradas como “herramientas clave en este mundo analógico que convive, interactúa y confluye con la era digital”.
En el mismo sentido subrayaron los participantes que “con capacidad dialógica y pedagógica, de la que da cuenta numerosas experiencias en la región, la nuevas Defensorías de las Audiencias de América Latina se proponen como puente y enlace estratégico de los ciudadanos para la democratización de la comunicación”.
Del encuentro realizado en Guadalajara participaron representantes de seis países, entre quienes se contó Cynthia Ottaviano, ex Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina.
Los congresistas reclamaron “el reconocimiento de la comunicación como derecho humano, con políticas públicas de redistribución informativa y de protección de grupos históricamente vulnerados” y exigieron “que se ponga fin a prácticas de persecución ideológica y laboral, así como la difusión de discursos de odio, sobre todo, por parte de funcionarios y funcionarias públicas”.
Por último reafirmaron que “las Defensoras y Defensores deben tener una reconocida trayectoria en el campo de la comunicación, no solo en el ámbito profesional sino también en el académico: un compromiso efectivo con los derechos humanos y una profunda vocación y respeto y defensa de los valores democráticos”.
