En la última semana, y según datos de las operadoras de la línea 144 de violencia de género, las denuncias por abuso sexual se triplicaron. No solo se denuncian casos actuales sino que se pide ayuda y contención para hablar de hechos ocurridos hace muchos años, de personas que ahora se dan cuenta que aquello que les ocurrió en la infancia no era natural ni secreto, como le habían hecho creer. Casi siempre son abusos intrafamiliares: si no es el padre es el padrastro, tío o hermano de la víctima. 

Mientras los videographs de la televisión no paran de replicar que ante un caso de abuso hay que llamar a la línea 144, las trabajadoras de esa línea, donde hubo despidos en el último año y por eso piden reserva de sus identidades, sufren un desborde institucional. “A partir de la denuncia de Thelma estamos diciendo que los funcionarios salen a apoyar y derivan a las mujeres a la línea, pero son ellos mismos los que se encargan de vaciar la política pública” denuncian a coro ante la consulta de PáginaI12. 

Por tomar un solo distrito de la Argentina, según datos del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en todo 2017 se denunciaron 7969 casos. De ellos, en 4801 las víctimas fueron mujeres menores de edad y 954 varones menores de edad. Cifras similares manejan los llamados recibidos al Programa “Las víctimas contra las violencias” en 2016, y lo inquietante es que más del 50 por ciento de los casos ocurre en la vivienda de la víctima y que el 47 por ciento de las mismas tienen entre 6 y 12 años. La información recopilada por Unicef en distintos países de la región de América Latina y el Caribe indica que la mayor parte de estos abusos son cometidos por varones, y que entre el 20 y el 40 por ciento de los abusos sexuales son cometidos por niños mayores, adolescentes y personas con menos de 21 años. 

“También es importante considerar que los abusos sexuales contra niños y niñas ocurren sin distinciones en todos los estratos socioculturales. El mito según el cual los abusos sexuales ocurren contra niñas, niños y adolescentes de familias con menores recursos se explicaría por la existencia de un subregistro estadístico de los casos que afectan a los niveles socioculturales más acomodados, ya que suelen denunciarse aún menos que el resto”, según el informe “Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas”, también de Unicef. 

El contexto

“Jamás me hubiera imaginado que él hubiera hecho una cosa así. No lo demostraba. Era inmensamente cariñoso con todos. En la gira era nuestro padre, era nuestra figura, nos divertíamos. El era profesional en lo que hacía. Su manera de ser era perfecta. No insinuaba nunca que era este tipo de persona.” Lo dijo Laura Esquivel sobre Juan Darthes, en el contexto de esa gira que ahora está en boca de todo el país y que disparó el número de llamadas a las líneas de denuncia, contención y apoyo de violencia de género y sexual. En un relato repetido y reproducido por el mismo Darthes cuando se defendió frente a Mauro Viale diciendo que “cómo iba a ocurrir algo así si nos matábamos de risa en las giras”. Sobre lo que alertan los dichos de Esquivel es que el abuso siempre se produce en ámbitos cerrados, endogámicos, como son las familias de sangre o esas pequeñas comunidades que se forman en torno al trabajo, la escuela o las instituciones religiosas: allí donde parece no haber peligro, donde se está con gente querida y protectora, no puede haber monstruos. Sin embargo, y según las cifras, es donde anidan la mayor cantidad de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, porque los adultos que los perpetran necesitan de esa confianza y familiaridad para cometerlos y sistematizarlos. ¿Quién le iba a creer a Thelma Fardin que ese bonachón, buen mozo y divertido líder era un perverso? Con esa premisa se manejan los abusadores y lejos de lo que socialmente se repite como un mantra: “era tan bueno”, “no parecía violento”, “es un padre de familia”, el terror adviene porque quien protege también puede dañar. Por eso la palabra de las víctimas debe ser oída, siempre. Y es el feminismo el que logró, tras décadas de organización popular y después del salto de masividad que significó el grito Ni Una Menos, que un relato como el de Fardín sea recibido y amplificado por toda la sociedad.  

Según Laurana Malacalza, coordinadora del OVG de la Defensoría del pueblo de provincia de Buenos Aires, “se presentan más de 19 denuncias por abuso sexual por día en las comisarías de la mujer de la provincia, y la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes. Resulta llamativa la diferencia que existe entre la cantidad de denuncias por abuso sexual con el reducido número de causas penales que llegan a juicio. Tan solo el cinco por ciento de las causas penales por abuso sexual tienen elevación a juicio en la justicia de la provincia de Buenos Aires”. Este número reducido de causas por abuso sexual que se elevan a juicio puede explicarse en parte por las exigencias de aportar pruebas que recae en la propia víctima: testigos, certificados médicos o constancias de las lesiones. 

La mayoría de las medidas adoptadas por los fiscales supeditan la prueba de la investigación de los hechos a la propia víctima. “Sin embargo, el Estado tienen la obligación de producir la prueba y de evitar la responsabilidad exclusiva de la víctima para acreditar los hechos de violencia sexual. Por otro lado, no podemos dejar de señalar los prejuicios y estereotipos que aun persisten en los operadores judiciales respecto a las mujeres, niños y niñas víctimas de violencias”, dice Malacalza. 

El paralelismo con el fallo sobre los femicidas de Lucía Pérez es inevitable: la relación de dominación entre dos adultos y una adolescente no fue tenida en cuenta, como muchos otros factores. Es más, se utilizaron contra la víctima, dando a entender que ella era autónoma y par de sus victimarios. Lo que revela en definitiva la nula perspectiva de género de los jueces que evaluaron las pruebas. “No hay directrices claras de cómo investigar los delitos de abuso sexual y la intervención de las fuerzas policiales siempre revictimiza a las denunciantes: la experiencia es tan traumática que las víctimas desisten de seguir adelante con la denuncia”. 

La escala

Para Pía Leavy, doctora en Antropología y especialista en temas de infancia, “que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declararon haber sufrido algún abuso sexual, según la OMS, habla de una problemática social mucho más corriente de lo que pensamos. Estas cifras dan cuenta de que el abordaje tiene que ser con perspectiva de género: se trata de una tremenda asimetría de poder en juego. Es un tema difícil de abordar porque se cae en la sacralización de la infancia y en historias muy morbosas. Es tan fuerte, tan espectacular que se narra pero no se sabe cómo abordar”. 

“Y el caso de Thelma lo que demuestra es que no hay mucha respuesta institucional y eso deriva en el silencio: es un problema social, cultural, rodeado de mitos como que viene de pueblos indígenas, por ejemplo y que incluye la precarización de las formas de vida. Yo también participo en capacitaciones en ESI y pasa mucho que se hace una capacitación para docentes y en los primeros encuentros ya hay quienes se quiebran y cuentan casos de abuso propios. Es un desafío porque la ESI ofrece un montón de herramientas y acompañamiento pero tampoco es una política pública o viene con un acompañamiento psicológico de los y las docentes que tienen que aplicarla”. 

Leavy insiste en que un análisis profundo de las estadísticas revela que no se puede hablar de psicópatas o enfermos mentales aislados sino de una construcción de la infancia que siempre se visibiliza en torno a lo que le falta: no tiene raciocinio, no tiene autonomía y no tiene pulsiones sexuales, al mismo tiempo que los medios y la publicidad insisten en sexualizar a las niñas mostrándolas adultas y provocativas, lo que imposibilita ver más allá y abordar la complejidad de un tema que duele, asusta y no tiene ningún abordaje desde el Estado. 

La Justicia es cómplice cuando ataca a las madres protectoras como Andrea Vázquez o Felicitana Bilat, quienes denunciaron a los padres abusadores y terminaron ellas procesadas por falsas denuncias, apelando al SAP (Síndrome de alienación parental) o siendo apartadas de sus hijos, como el caso de Vázquez. “Entre el SAP y la Justicia patriarcal no se les cree a los niños y niñas, y seguir un proceso judicial es muy caro, complicado y lo máximo que se ha logrado llegar es que las y los menores no vean mas al abusador gracias a una red familiar que pudo sostener. Para alguien de clase baja, entre la precarización laboral y habitacional y los sistemas de cuidados que recaen exclusivamente sobre las mujeres, el desamparo es total”.