El fútbol reproduce la política del gobierno nacional. Juega a ensayo y a error, todo el tiempo. Si el Estado tiene adentro a un seleccionado de CEOs, la AFA duerme con el enemigo, que son unos cuantos funcionarios. Ayer se reprodujo esa lógica de facciones que dicen defender lo mismo –el bien común, el retorno con fecha cierta de los campeonatos– pero que en la práctica operan como dos grupos de lobbistas. De un lado el dueto Tinelli-D’Onofrio, del otro el tándem Angelici-Tapia-Moyano. La comparación con la escena de Hollywood es tentadora: bailan sobre el Titanic, mientras el capitán, la FIFA, mira para otro lado. No se involucra –envía estatutos o comunicados por email– y permite que la Casa Rosada siga asfixiando a los clubes más vulnerables (la mayoría) para imponerles condiciones: rendición absoluta, Superliga y sociedades anónimas deportivas. Está cada vez más claro.

En la víspera, el programa de reuniones de cada día se extendió por casi todo el jueves. Primero en el hotel Savoy (del presidente de Racing, Víctor Blanco, soldado de Angelici y Tapia), siguió en la Casa de Gobierno (donde jugó de local el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis) y terminó en un restorán de la Costanera (territorio de Marcelo Tinelli). De todo lo que se discutió en esos encuentros quedaron dos cosas en limpio: la primera, un comunicado del Estado que ratificó su voluntad de terminar con el Fútbol para Todos (FPT). Aunque no fue mencionada en el texto, la cifra de 530 millones de pesos como resarcimiento a la AFA es su última oferta. La otra cuestión refleja las tensiones que se acumulan ante la falta de una solución definitiva. El presidente de Boca y el vice de San Lorenzo –y conductor televisivo– se cruzaron fuerte en la Rosada. O sea, más de lo mismo.

El conflicto del fútbol es circular. Juntos, alejados y después vueltos a juntar, los dos grupos que nacieron enfrentados con el bochornoso 38 a 38 del 3 de diciembre de 2015, hoy son casi los mismos. El que lidera Tinelli pretende rescindir ya el contrato del FPT y después seguir los pasos de modificar el estatuto y votar un presidente. El que encabeza Angelici como mascarón de proa del gobierno va por las elecciones primero y a continuación lo demás.

Es kafkiana la crisis desatada por el manejo de los recursos. También la idea de cómo administrarlos a futuro. El presidente de Boca llegó a decir que al fútbol no le vendría mal pararlo durante seis meses para ordenarlo. En abstracto, puede parecer un razonamiento lógico. Pero proyectado por él, supone lo contrario: que a mediados de año muchos clubes estarán quebrados y no opondrán resistencia a las sociedades anónimas, el verdadero leitmotiv del gobierno en esta extensa contienda política y deportiva.

Nadie defiende los intereses del fútbol con transparencia. Chiqui Tapia quiere que se vote al presidente de la AFA en lo inmediato o antes del 1° de marzo, porque sabe que cuenta con los votos necesarios para ganar. Tinelli apuesta a hacerlo cuando se modifique el estatuto y disminuya la representación del Ascenso en la Asamblea. Este cambio se desprende del proyecto que envío la FIFA esta semana a la Argentina. Angelici juega casi todas sus fichas a la Superliga donde consolidará la plataforma de su poder. Los demás acompañan a unos y otros. Pero la gran mayoría de los dirigentes, desde la Quiaca a Tierra del Fuego o de Mendoza al Gran Buenos Aires tiene un problema de caja que se agrava con el paso de los días.

A cada uno de estos personajes o sectores los urge resolver una complicación distinta. Pero los plazos legales establecidos para desenredar la madeja son menos frenéticos. Una asamblea extraordinaria como la que debería reformar el estatuto tiene que convocarse con 30 días de anticipación. Las elecciones dependen de esa aprobación. La rescisión del contrato entre la AFA y el gobierno condiciona los acuerdos con los futuros compradores de los derechos de TV. La Casa Rosada pretende indemnizar al fútbol con 530 millones, pero los dirigentes saben que si el contrato se hubiera mantenido vigente hasta agosto de 2019 deberían cobrar unos 7.500 millones. Y atan la compensación a ese monto.

Las reuniones van a continuar. Hace casi un año y medio –o mucho más si se toma en cuenta la muerte de Julio Grondona– que al fútbol se juega en los escritorios. El problema más grave es que la solución a semejante conflicto de intereses está en manos de quienes lo ocasionaron. Después se sumaron al sainete la FIFA, el gobierno y las corporaciones que quieren quedarse con los derechos. Todavía no pasó, pero tampoco puede descartarse. En cualquier momento resuena aquello de “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Al fútbol no le vendría mal para refundarlo. Como está, las soluciones no van a llegar desde la Casa Rosada, la FIFA o la AFA. Al contrario.

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